El Ejecutivo provincial se prepara para vetar la Ley de Licencias Sindicales

El Gobierno provincial decidió vetar la ley que reintegró las licencias gremiales pagas y que por mayoría aprobó la Legislatura en la sesión del jueves último. La decisión fue adelantada ayer por el ministro de Educación, Gustavo Castán, y podría efectivizarse en una resolución que firmaría el vicegobernador Mariano Arcioni, a cargo del Ejecutivo provincial por la licencia del gobernador Mario Das Neves.

El ministro de Educación de la provincia, Gustavo Castán, se expresó ayer en contra de la ley que establece el pago de licencias gremiales para todos los gremios del Estado. La iniciativa fue sancionada por mayoría de la Legislatura en la sesión del pasado jueves y en consecuencia podría ser vetada en las próximas horas.
En declaraciones a medios del valle, el ministro se mostró sorprendido y contrariado por la normativa impulsada desde el PJ - Frente para la Victoria con la cual se revisaba la decisión de la actual gestión de eliminar las licencias sindicales pagas para los miembros de la Asociación de Trabajadores de Educación de Chubut (ATECh), y otros gremios estatales
Castán incluso adelantó que ya había hablado del tema con el gobernador Mario Das Neves, quien también estaría de acuerdo en avanzar con el veto y dejar el esquema resuelto por el anterior ministro de Educación, Fernando Menchi.
Para el funcionario "las chances del veto son muy grandes" porque "los diputados vuelven a errar el camino. La justicia revocó los amparos que se habían presentado desde la ATECh. Los legisladores deben tener responsabilidad”, advirtió.
Cabe recordar que el gobernador Mario Das Neves delegó ayer el poder al vicegobernador Mariano Arcioni, y viajó a Bueno Aires para participar durante toda la semana de diversas reuniones (ver aparte). Pero lo hizo sin firmar el veto y en consecuencia tendrá que avanzar el propio titular de la Legislatura.

LA LEY PLANTEA NEGOCIAR LAS LICENCIAS

La ley votada por mayoría, fue impulsada por los diputados del PJ-FpV, Alejandra Marcilla, Gustavo Fita, David González y Estela Hernández. La misma establece que los trabajadores dependientes del Estado Provincial que por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial o simplemente inscriptas, tendrán derecho de gozar de licencia automática con goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporados al finalizar el ejercicio de sus funciones.
El tiempo de desempeño de dichas funciones, será considerado período efectivo de trabajo y se establece que el número de agentes pertenecientes a una misma entidad sindical, que podrá usufructuar de la licencia establecida, será acordado y modificado mediante mecanismos de negociación entre las partes, a través de los procedimientos negociables que correspondan a cada sector.
Además se indica que los delegados de personal y los demás representantes sindicales no amparados por la licencia de la presente ley, gozarán para el ejercicio de sus funciones, de un crédito de horas mensuales retribuidas de conformidad con lo que se disponga en la convención colectiva o negociación paritaria aplicable.
En sus fundamentos, la diputada Alejandra Marcilla recordó que la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales (LAS), establece en su artículo 48 el derecho que poseen los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial, o en cargos políticos en los poderes públicos, dejaran de prestar servicios.
En el caso de los trabajadores de la Educación, cuyas licencias estaban en discusión por parte del gobierno, la diputada recordó que existe el Acuerdo Paritario del 27 de Noviembre de 1991 homologado por Resolución N° 017/91 sobre las Licencias Gremiales reconocidas por la patronal.
Por otra parte, Marcilla recordó que el derecho a gozar de estas licencias gremiales pagas, tanto para entidades sindicales con personería gremial como simplemente inscriptas, fue convalidado en el mes de noviembre del año 2015 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “NORTE c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.

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