El ente como marco para la participación ciudadana

La vigencia del ente de control encarnó el reclamo popular cada vez que se concretó una audiencia pública en la ciudad, puntualmente en las vinculadas con los aumentos tarifarios de los servicios. De hecho, los proyectos de ordenanza para constituirlo tuvieron perfil de respuesta política a la suba del boleto en 2009, con la prestadora del servicio en franco incumplimiento de contrato, adeudando la instalación de las máquinas expendedoras de boletos que permitirían contabilizar a ciencia cierta y sin intermediarios la cantidad de pasajeros de la ciudad.
Ese año el boleto triplicó su precio en dos subas sucesivas, en el marco de fuertes incrementos de impuestos y tasas que tensaron las relaciones entre el Ejecutivo municipal -a cargo de Martín Buzzi- y el vecinalismo.
En ese contexto, el proyecto de creación del Ente encarnó una clara intención de distender ciertas discusiones, concretando reuniones con los referentes vecinales de la ciudad, casi periódicas. La participación ciudadana en el organismo era la inquietud del grupo, que logró la promesa de ser incluido como un consejo consultivo popular, y la figura quedó planteada en la norma como "Consejo Cívico de Consulta", que participará ad honorem, aunque resta aún la reglamentación que disponga cómo se integrará el mismo.
Así, la participación ciudadana no se prevé directa en lo que a reuniones y sesiones del Ente refiere sino a título "consultivo" e indirecto, quedando la actividad del vecino ajustada a la participación en las audiencias públicas que determina la Carta Orgánica Municipal, y que en adelante convocará y llevará a cabo el Ente.
Vale indicar que faltan aún algunas definiciones que deberá tomar el órgano autárquico y que podrían ampliar algo este margen, como disponer que las reuniones sean públicas y abiertas, como ocurre en otras municipalidades.
La ordenanza dispone además que el Ente deberá "Reglamentar el procedimiento de consulta de opinión y encuestas de calidad de los distintos servicios públicos concesionados; promover mecanismos de participación y tutela de los usuarios de los servicios sujetos a control, adecuando su estructura organizativa a los efectos de eliminar trabas burocráticas, habilitando un servicio de asesoramiento e información; y realizar todo otro acto conducente y tendiente a garantizar el más pleno acceso a la información pública y a la participación de los usuarios".

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