El Ente de Control aparece como una deuda histórica que cuesta saldar

Sancionado como ordenanza en diciembre de 2011, luego de tres años de presentados los proyectos marco, el Ente de Control de Servicios Públicos cumplió 4 años sin implementación en la ciudad, a pesar de estar planteado como mandato institucional en la Carta Orgánica Municipal y de haber contado con presupuesto asignado durante los últimos tres años.

Los servicios públicos de la ciudad tienen, por ordenanza, un plazo máximo de 10 años para extender sus concesiones. En Comodoro, sin embargo, y a excepción del caso de la higiene urbana que sumó nuevos servicios con la planta de tratamiento, cada uno de los contratos ha sido reconducido. En el caso de los que presta la SCPL el tratamiento se dio sin las audiencias públicas de norma, y luego de haber incluido tres prorrogas entre el final del gobierno de Martín Buzzi y el principio de la gestión de Néstor Di Pierro.
En el caso del transporte público, hace escasas semanas se concedió una prórroga anticipada al contrato que concluía en 2017, dándole vigencia ahora hasta 2022. También se concedieron tres aumentos de boleto, fijados en una única ordenanza sancionada a finales de 2014, y otros dos escalonados durante 2009.
Asimismo, se aprobó un fondo de sustentabilidad que grabó con un 30% más los servicios que presta la SCPL al usuario comodorense, un gravamen extra que tras su primer año de aplicación se prorrogó en 2015 y seguramente volverá a autorizarse este año que comienza. En todos los casos, la fuente central de información fue la empresa prestadora.

SIN CONTROL

Todos estos tratamientos parlamentarios, se dieron a espaldas del Ente de Control de los Servicios Públicos concesionados de la ciudad, un organismo anunciado como objetivo a inicios de la gestión Buzzi, aunque demandó un año y medio para plantearse como proyecto y se mantuvo por cerca de otros 3 años más en comisiones, para ver la luz en forma de ordenanza en la última sesión ordinaria de esa gestión municipal, en diciembre de 2011.
Admitido como deuda social en el marco de cada uno de los aumentos o renegociaciones de contratos ya señalados, aunque nunca con más solvencia que su mero enunciado por parte del poder político, los dos últimos años de la gestión Di Pierro el organismo de control tuvo presupuesto asignado pero jamás se constituyó, aunque en determinado momento llegaron a sonar nombres meritorios para el rol, como el del ingeniero Carlos de Leonardi.
Con un millón de pesos asignado en el presupuesto municipal 2014 y otro millón en 2015, incluidos a instancias del Concejo Deliberante, los fondos terminaron reconduciéndose en Rentas Generales dada su inutilidad, y para este 2016 que comienza la partida disponible suma otros 3 millones.
Claro que aún no se sabe es si este año se le dará curso a un organismo necesario en la ciudad, o el dinero asignado volverá a constituirse en "ahorro" para otros fines.

INICIO ERRATICO

Como se dijo, la creación del ente de control fue planteado como objetivo en 2007 cuando Buzzi asumía la intendencia, aunque debió pasar más de un año para que se presentara el proyecto, que no era inocente a un fuerte telón de fondo social: 2008 había sido un año con algunas complejidades financieras y desembocó en un 2009 con subas en los impuestos municipales, fundamentalmente el inmobiliario cuya actualización pisó fuerte y gran parte de los referentes barriales enfrentados con el titular del Ejecutivo municipal, que por entonces iniciaba su carrera hacia la Gobernación.
Además, se producía la primera suba del boleto de colectivo desde la rúbrica del contrato original. Los incumplimientos de la empresa eran evidentes y en la audiencia pública los vecinalitas (Carlos Vargas entre ellos) reclamaron con fuerza la necesidad del ente, en defensa de los usuarios y como contralor de las prestaciones.
Dos meses más tarde, y cuando ya era público que se avanzaba en la redacción de un proyecto, sorprendió la primera sesión ordinaria de mayo con ya no la presentación de un proyecto, sino de tres: dos del FpV y uno de la UCR, que reflotaba una iniciativa anterior.
No obstante lo que parecía una señal, la presentación tuvo mucho de "pour la galerie" reuniendo durante meses a los vecinalistas de la ciudad para recibir sus "aportes" y comprometerlos incluso en la conformación de un consejo de vecinos que integraría el ente, una figura que nunca fue planteada en el proyecto que se aprobó finalmente.
En ese contexto, y como para rubricar las especulaciones en ese sentido, la creación del Ente de Control no vio la luz como ordenanza sino en la última sesión ordinaria de esa gestión municipal, dejando a arbitrio del próximo Ejecutivo su implementación.

4 AÑOS DE SUEÑO

La ordenanza fue promulgada y entró en vigencia los primeros días de 2012 con su publicación en el boletín oficial, con el número 10270 /11, y era responsabilidad de la nueva gestión reglamentar la norma para implementar el organismo, teniendo un plazo máximo de 90 días para hacerlo.
Di Pierro se mostró esquivo los primeros dos años de gestión alegando que no era partidario de crear nuevas estructuras y destinar fondos a tareas que diversas áreas del Ejecutivo municipal podían llevar a cabo.
No obstante, desde 2013 en adelante comenzó a incluirse una partida presupuestaria específica para su puesta en marcha, con lo que el Ente tuvo fondos asignados en 2014 y 2015, aunque nunca llegaron a utilizarse para su fin original.
Mientras, durante esos dos últimos años de gestión la posibilidad de ponerlo en marcha sobrevoló varias veces el ámbito político y llegaron a barajarse nombres, aunque llegó el 10 de diciembre con el fin de ciclo y Comodoro volvió a completar 4 años de controles imprecisos sobre los servicios, la información centralizada en las empresas prestadoras que incumplían plazos de entrega a los pedidos del Concejo y lejos, muy lejos, de implementar los registros de oposición, una vía de canalización de la opinión popular sobre el bien común, con lo que cabría preguntarse a quién beneficia la inacción en este sentido, o el desinterés, en el mejor de los casos.

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