El fiscal Cárcamo sostuvo que la denuncia de Pulley no ejerce ninguna presión en su tarea

Tras conocerse que Alejandro Pulley, el comisario investigado como sospechoso de brindarle protección a un departamento de la calle Francia donde se ejercía el comercio sexual, denunció al fiscal Martín Cárcamo por "coacción agravada y presunto mal desempeño de sus funciones", ayer el acusador público aseguró que esa situación de presión "no nos va a conmover".

La causa judicial que involucra al ex jefe policial de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia, Alejandro Pulley, y a los regenteadores de un departamento vip que funcionaba en la calle Francia 510, tuvo en las últimas horas un nuevo capítulo.
Pulley, imputado por el delito de "cohecho", denunció al fiscal general Martín Cárcamo quien lleva adelante la investigación del caso.
La Justicia efectuó el 4 de julio un total de 27 allanamientos a partir de una causa por robo de vehículos que derivó en la presunta implicancia policial y la explotación económica de la prostitución. Se detuvo al oficial Pedro Benítez que además fue puesto a disponibilidad, por su presunta participación en ambas causas, así como a los civiles Juan Carlos Cuellar Gamboa, alías "Maicol", y a César "Chatrán" Hernández por la causa de estafas con vehículos robados.
Mientras, Guillermina Ferreira Almada -pareja de "Maicol"-, está implicada en la causa de comercio sexual. La mujer, regenteadora del vip y quien según la investigación de la Fiscalía tendría una estrecha relación con el comisario Pulley, cumple arresto domiciliario por estar embarazada, mientras los restantes sospechosos están en prisión preventiva.
Pulley es el único imputado en libertad, pero lo desplazaron de la jefatura de la Unidad Regional de Trelew, donde se desempeñaba en los últimos meses tras haber prestado funciones en la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia.
Respecto a la denuncia en su contra por "coacción agravada y presunto mal desempeño de sus funciones", el fiscal Cárcamo sostuvo en declaraciones a Radio del Mar: "esta situación que se denunciará en las próximas horas va a discurrir por los canales correspondientes y hasta tanto no haya una resolución judicial que avale las posiciones que contendrían esas denuncias, no habría motivo para un apartamiento del suscripto en la investigación que lleva adelante".
A la vez el fiscal jefe de esta ciudad, Juan Carlos Caperochipi, lo ratificó al frente de la investigación. Para Cárcamo, el anuncio de la denuncia en su contra "no causa sorpresa, lo cierto es que son casos complejos donde naturalmente muchas veces nos toca estar en esta posición donde nos toca inculpar a funcionarios policiales".
"Esta situación de presión no nos va a conmover en esta tarea que estamos llevando adelante", subrayó. El fiscal consideró además que dicha denuncia "es un derecho que eventualmente puede pedir el imputado para la recusación de algún integrante del Ministerio Público Fiscal".

RECEPCION DE DADIVAS
Cárcamo aclaró que no es el único fiscal de la compleja causa y que "existió una decisión institucional donde hay otra colega que se encuentra investigando otro segmento de la investigación que está vinculado con la rama automotor", afirmó.
El fiscal recordó que a Pulley "se le atribuye (el delito) cohecho, es decir, haber recibido dádivas para no cumplir con funciones inherentes a su cargo. La hipótesis de investigación es que mientras Pulley se encontraba a cargo de la comisaría (Primera de esta ciudad) brindó protección a los efectos de que ese departamento vip pudiera funcionar sin los correspondientes controles que establece la Municipalidad. Y con protección policial en el lugar para evitar agresiones exteriores".
Además, resaltó: "por sistemas de avisos se impedía que los operativos lleguen al lugar. Es la hipótesis de investigación y que permitió que ese lugar pudiera funcionar sin perjuicio de esa protección", señaló.
En cuanto a las sospechas de trata de personas, el fiscal explicó: "una figura delictiva es la trata de personas y como figura residual a los casos que no son de explotación de personas, hay un delito por explotación económica. En estos casos, la mujer desarrolla el servicio sexual por propia voluntad y los explotadores facilitan las situaciones para que ese trato sexual pueda llevarse a cabo, poniendo infraestructura y logística", concluyó el fiscal.

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