El FPV de Chubut presentó un amparo contra la venta de tierras a extranjeros

Blas Meza Evans, junto a otros referentes políticos de ese espacio, hizo la presentación para la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 820.

El diputado del PJ FPV, Blas Meza Evans, y el concejal de Lago Puelo, Alejandro Marques, presentaron una acción de amparo contra el Gobierno nacional con el objeto de lograr un pronunciamiento judicial que deje sin efecto el decreto que modifica las exigencias previstas para la participación de extranjeros en la adquisición de campos.
El objetivo del Frente para la Victoria es que el decreto nacional 820/16 sea declarado nulo por su ilegalidad y arbitrariedad manifiestas, expresan desde ese sector político. La medida, además, elimina el monitoreo de la UIF y la AFIP en esas operaciones inmobiliarias y facilita la venta de terrenos con espejos de agua.
Además, Meza Evans y Marques solicitaron que se declare todo acto administrativo y jurídico que se haya dictado o realizado desde el dictado del Decreto cuestionado y hasta que la sentencia que recaiga en estos autos quede firme. La acción de amparo también lleva la firma de los diputados Alejandra Marcilla y José Grazzini.
Mesa Evans, en su escrito de amparo, considera que esta flexibilización del dominio de las tierras con aptitud rural esconde la privatización de los reservorios de aguas potables, los alimentos, los yacimientos de hidrocarburos y de minerales estratégicos para el desarrollo informático como el sílice, el litio y el tungsteno".
El diputado explicó que la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011, es alterada por el decreto 820/2016.
La Ley de Tierras establecía la obligación de realizar un relevamiento catastral y dominial a través el Registro Nacional de Tierras Rurales, en el que trabajaron arduamente las 23 provincias argentinas a través de sus catastros y registros de la propiedad inmueble y organismos de control en materia de personas jurídicas.
En 2013 el Registro informó que el 5,93% de tierras rurales del país se encontraban en manos de extranjeros, es decir casi 16 millones de hectáreas. Meza Evans, desde su banca como diputado provincial, había denunciado el decreto del presidente Mauricio Macri y adelantado que iba a hacer esta presentación.
"Se considera a la tierra un recurso estratégico natural escaso y no renovable, de significación estratégica para el desarrollo humano y social, por lo que era imperioso dictar una legislación tuitiva, para impedir la consolidación de procesos que, de ser librados a su propia dinámica, podrían comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables", dijo Meza Evans.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico