El Gobierno fijó el tope máximo para el precio de las garrafas

El precio de venta al público, antes de impuestos y sin el costo por el servicio de venta a domicilio, se fijó en $87,78 para la garrafa de 10 kilos, $105,34 la de 12 kilos y $131,67 la de 15.

El Gobierno nacional mantuvo y fijó los precios máximos de referencia para las garrafas de gas de uso domiciliario, que se sitúan en $87,78 la unidad de 10 kilos, antes de impuestos.
En la Resolución 19 publicada ayer en el Boletín Oficial, la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos modificó además la metodología de cálculo del precio de referencia, que no incluye impuestos ni el costo por el servicio de venta a domicilio.
De este modo, los nuevos valores se fijaron de la siguiente forma: para el fraccionador, $39,30 la garrafa de 10 kilos, $47,16 la garrafa de 12 kilos y $58,95 la de 15; y para el distribuidor $78,50 la de 10 kilos, $94,20 la de 12 y $117,75 la de 15.
En tanto, el precio de venta al público, antes de impuestos y sin el costo por el servicio de venta a domicilio, se fijó en $87,78 para la garrafa de 10 kilos, $105,34 la de 12 kilos y $131,67 la de 15.
Fuentes de la cartera energética explicaron a Télam que con esta resolución de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos se modificó la Resolución 70 de 2015 que habilitaba la venta al público de los fraccionadores, lo cual "generó mucha especulación".
Las autoridades detectaron que operaciones de quienes adquirían las garrafas directamente a los fraccionadores a unos 40 pesos para luego revenderlas a precios de hasta 150 pesos.
"De esta manera se busca sacarle la informalidad al mercado y limitar las operaciones de reventa cerrando el mercado negro", explicaron las fuentes al asegurar que los precios de venta al público no sufrieron modificación alguna con la resolución de ayer.
Por otro lado, y según informó ambito.com, el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue nuevamente denunciado en la Justicia penal a raíz de la firma de la Resolución Nº 129 que fijó el tope del tarifazo al gas en el 400%. Pese a que luego el Gobierno anunció que no sería aplicado hasta tanto hubiese un fallo judicial de la Corte Suprema que avale los aumentos, la presentación lo acusa de desobediencia a una orden judicial: la de la Cámara Federal de La Plata, que ordenó anular las resoluciones 28 y 31, y retrotraer el cuadro tarifario al 31 de marzo pasado, previo a cualquier incremento. Para los denunciantes -uno de los abogados que representa a un niño electrodependiente y una multisectorial de organizaciones sociales-, el titular de la cartera energética desoyó la orden de la Justicia al insistir en fijar un aumento (ahora con tope) a pesar de que una sentencia le había ordenado que no hubiera subas hasta tanto se realice una audiencia pública como prevé la ley.
En esa causa que instruye el juez Luis Rodríguez, el ministro fue también acusado por violación de los deberes de funcionario, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública porque adjudicó una serie de licitaciones de la empresa YPF a Shell, empresa de la que fue CEO y es accionista en su casa matriz. Ahora se le suma esta denuncia por la decisión administrativa de fijar topes en las tarifas de gas, a través de la Resolución Nº 129, pese a que había sido notificado de la anulación dispuesta por el tribunal platense. En sus primeros tres artículos establece una instrucción al Enargas para que autorice a las empresas a facturar a los usuarios de acuerdo con los parámetros de consumo y con un tope de no más del 400% y 500% según el caso, y agregó la convocatoria para el 31 de octubre a una audiencia pública.

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