El gobierno francés impuso su resistida reforma laboral mediante un "decretazo"

El Ejecutivo encabezado por Francois Hollande explicó que con esta reforma quiere combatir un desempleo facilitando los contratos en un mercado laboral más flexible. Los detractores, por su parte, creen que solo aumentará la precariedad laboral.

El primer ministro francés, Manuel Valls, anunció que decidió recurrir a una disposición de la Constitución que le permitirá imponer la polémica reforma laboral promovida por el gobierno encabezado por Francois Hollande sin someterla a la votación del parlamento.
"Este país está demasiado acostumbrado al desempleo masivo", dijo Valls ante la Asamblea Nacional, al justificar que está actuando en favor del "interés general" de Francia. Valls hizo valer que se han añadido más de 800 enmiendas al proyecto inicial al término de un "debate de calidad" y lamentó la existencia de "una alianza de la inmovilidad".
De esta manera, el gobierno socialista recurrirá de nuevo al artículo 49-3 de la Constitución para imponer la reforma. El gabinete de Valls ya hizo lo mismo en la primera lectura del proyecto, que en los últimos cuatro meses ha dado lugar a un sinfín de huelgas y manifestaciones en toda Francia.
Dicho recurso supone la adopción del texto si no se presenta una moción de censura contra el ejecutivo en un plazo de 24 horas. En caso de prosperar dicha moción, el gobierno tendría que renunciar. La oposición de derecha del grupo Los Republicanos hizo saber que no presentará ninguna moción de censura.
El gobierno francés explica que con esta reforma quiere combatir un desempleo endémico -superior al 10 por ciento- facilitando los contratos en un mercado laboral más flexible. Los detractores, por su parte, creen que solo aumentará la precariedad laboral.
El anuncio del gobierno tuvo lugar al inicio de la duodécima jornada de movilización social en cuatro meses contra el proyecto de ley laboral.
Hoy la Asamblea Nacional también aprobó algunas modificaciones antes de que el gobierno invoque el artículo 49.3, así que, si la izquierda no logra conseguir en las próximas 24 horas los votos para pasar una moción de censura, anular la norma de la Carta Magna y hasta hacer caer al gobierno, la reforma irá al Senado para una segunda lectura, y en caso de no haber cambios, será aprobada definitivamente.
A la misma hora en que Valls anunciaba su decisión de aplicar nuevamente el artículo 49.3, las centrales sindicales daban inicio a la décima segunda jornada de protestas ante lo que calificaron como "la deriva autoritaria" del gobierno de Hollande, en un intento por relanzar la ofensiva que busca hace tres meses impedir la aplicación de la ley, rechazada por cerca del 70% de los franceses, según los últimos sondeos.
Solo en la capital francesa, 45.000 manifestantes, según los organizadores, y entre 6.500 y 7.500, de acuerdo a la policía, salieron a la calle en una protesta que no fue tan grande como algunas de los últimos meses, pero tuvo un fuerte componente de bronca e indignación por la decisión del gobierno de volver a recurrir a un mecanismo constitucional que la oposición de izquierda considerada "antidemocrático".

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