El Gobierno presentó una denuncia penal por el ataque a la residencia oficial

A través de la Fiscalía de Estado, el Poder Ejecutivo de Santa Cruz presentó ante un juzgado de instrucción una denuncia penal por la violenta irrupción protagonizada en la madrugada del sábado por un grupo de individuos a la residencia oficial de la gobernadora, que derivó en serios incidentes.

Caleta Olivia (agencia)
Daños, atentado al orden constitucional, sedición y violación de domicilio, son algunos de los delitos que se le imputan al grupo de manifestantes que el sábado por la madrugada sobrepasaron los límites de la protesta social cuando arremetieron contra las puertas de la residencia en la que se encontraban la gobernadora Alicia Kirchner; su cuñada, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, y su nieta, Helena, de solo 18 meses, además de dos empleadas.
El diario Tiempo Sur que tuvo acceso a la demanda penal señala que el escrito fue presentado por la adjunta en la Fiscalía de Estado, la ex conjueza federal Andrea Askenazi Vera, y que se complementa con imágenes de la barricada con muebles que tuvieron que realizar las mujeres que estaban dentro de la residencia para evitar el ingreso de los activistas, quienes además solicitaron ayuda a un comisario.
También se incorporó la captura de la imagen de un individuo que en la noche de los disturbios arengaba a la gente a través de redes sociales para que acudiera a sumarse a los incidentes, anunciando que en la residencia se encontraba la ex Presidente de la Nación.
La Fiscalía en ese sentido dio cuenta que llamó la atención que inmediatamente estuvieran en el lugar móviles de los canales nacionales TN, Canal13 y América Tv, además de un agente de prensa del Concejo Deliberante de Río Gallegos, "quienes realizaron una transmisión en vivo y en directo de las acciones violentas dirigidas hacia la residencia de la gobernación".

DESTROZOS
En la denuncia también se indicó que "entre las 22:30 (del viernes) y 00:30 (del sábado) los manifestantes se volvieron más agresivos y violentos, profiriendo cánticos racistas, pidiendo la renuncia de la gobernadora e incitando a la destitución del gobierno actual, mientras tiraban bolsas de basura y piedras".
"Fue entonces cuando se produjeron la rotura de seis vidrios y tres portones, pero también se escaló y rompió la puerta principal de ingreso a la residencia sobre la calle Alcorta", describió.
"Ello motivó que el comisario mayor Dante Abboud ingresara a la residencia para construir una barricada a fin de evitar que las personas, que con grado de gran violencia actuaban coordinadamente en los patios internos de la residencia, lograran el cometido de ingresar a la casa, poniendo en peligro real y concreto la vida e integridad física de quienes allí se encontraban", agregó.
En su relato, la Fiscalía de Estado explicó que en aquella escalada de locura algunos violentos lograron "ingresar a los patios internos, arrancaron las piedras bola de gran dimensión de los canteros del jardín para arrojarlas contra los vidrios y la fachada de toda la casa".
Además planteó que fue "llamativo" estuvieran los canales opositores al proyecto nacional que gobernó la Argentina doce años. "Resulta más que llamativo que los mencionados hechos de violencia casualmente ocurren en las fechas que medios nacionales (TN, Canal 13 y América), deciden visitar nuestra ciudad, contando con móviles en vivo, a fin de mostrar los hechos detallados", señaló, considerando que no fue para nada casual "el increíble grado de anticipación a los hechos violentos que tienen estos medios".
Por otra parte, la Fiscalía de Estado solicitó que la Justicia penal establezca una orden de restricción de acercamiento para el ex secretario general del gremio de Judiciales, Juan José Ortega. Es que de las constancias fotográficas y videos que acompañaron la presentación, "surge que entre otros que oportunamente se identificaran, figura la indudable presencia de Juan José Ortega" al que definen como "un activista de reconocida trayectoria por su violencia".
Al dirigente le enrostran haber "tomado otros edificios públicos de forma violenta, como el Superior Tribunal de Justicia, Caja de Previsión Social", y que además "ha agredido a funcionarios públicos provinciales y nacionales".

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