"El Gobierno ya está usando los datos de la ANSeS", advirtió Héctor Recalde

El diputado nacional por el FpV argumentó que teme que la información podría ser utilizada "con fines electorales en el marco del debate de reforma política y boleta electrónica" o "con fines económicos".

El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, advirtió ayer que la transferencia de datos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) al Gobierno "ya se está consumando", por lo que consideró que la medida cautelar que presentó el jueves busca "interrumpir" el intercambio de información "por violatorio de la intimidad, por inconstitucional, y porque no fue consultado y tiene todo el rechazo del arco opositor".
Recalde, junto a las diputadas nacionales Teresa García y Carolina Gaillard, presentó el jueves una acción de amparo de alcance colectivo -que recayó en el juzgado N° 11 del Fuero Contencioso Administrativo- para que la Justicia declare la nulidad de la Resolución 166/16, que permite el uso de la base de datos de la ANSES por parte del Gobierno.
Esta medida se sumó a la denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña -y otros funcionarios firmantes- presentada por los diputados kirchneristas Rodolfo Taillade y Juan Cabandié.
En el mismo sentido, ayer el abogado Ciro Annicchiarico, representante de querellas en diversas causas por delitos de lesa humanidad, presentó un amparo ante el juez Juan Pablo Augé, a cargo de un juzgado federal en lo contencioso administrativo de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.
Según dijo Recalde a Radio Nacional, "hay principio de ejecución de esta resolución" que permite a la ANSeS darle a las autoridades nacionales la base de datos previsionales, entre los que figuran los nombres y apellidos de todos los ciudadanos, el DNI, CUIT/CUIL, domicilio particular, teléfonos, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios cursados, entre otros.
"Sí, (el Gobierno) ya está usando los datos, por eso la cautelar y la premura", apuntó, y recordó que esa información "existe para cumplir con las obligaciones previsionales, no para otros fines", aunque no brindó más precisiones respecto del inicio del intercambio de datos.
En el mismo sentido, alertó con que "esta transferencia se produce cuando en lo social estamos viendo medidas autoritarias y ataques a la intimidad de las personas, con lo cual es peligrosísimo".
Recalde agregó que cree que "no" se hace "para comunicar los actos de gobierno porque eso lo pueden hacer por los medios afines que tienen, que son un montón, o por el canal oficial" y deslizó que la información podría ser utilizada "con fines electorales en el marco del debate de reforma política y boleta electrónica" o "con fines económicos, lo que permitiría grandes negocios".
"Cualquier cosa pueden hacer con esto, sobre todo sabiendo que en el país existen unos 60.000 hackers", remató.
En la presentación de Recalde, que recayó ante la jueza Liliana Heiland, los legisladores pidieron la apertura de la feria judicial y advirtieron que se está ante una violación "del derecho a la intimidad previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, como de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales".
"La ley 25.326 establece que los datos no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención", sostienen los diputados, y en especial los "datos sensibles", como "los relativos a la salud de los individuos, expresamente prohibido por el artículo 2 de esa norma".
Mientras, Peña había manifestado que el objetivo de la transferencia de datos de la ANSeS busca "mejorar el vínculo no de un gobierno sino del Estado con los ciudadanos".
En la acción de amparo presentada ayer por Annicchiarico, el abogado pidió al juez que declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de la resolución por considerar que lesiona derechos y garantías de carácter constitucional y tutelados por tratados internacionales, incluidos sus propios derechos individuales.
Hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo solicitada, solicitó como medida cautelar urgente que se suspenda la aplicación de la resolución cuestionada.
El primer amparo con similar finalidad fue presentado el martes último por la abogada Valeria Carreras ante la jueza en lo contencioso administrativo María José Sarmiento.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico