El intendente de Tecka enfrenta un pedido judicial de desafuero

Es por una causa iniciada en el año 2006 por defraudación cometida contra la Municipalidad y que acumula 25 hechos. El desafuero ya había sido solicitado en 2012 aunque la mayoría del Provech en el Concejo Deliberante lo rechazó. La causa ya tiene un condenado y, a diez años de su inicio, Jorge Seitune aún no puedo ser llevado a juicio por sus fueros.
El nuevo pedido de desafuero del intendente de Tecka, Jorge Seitune, ingresó esta semana al Concejo Deliberante, liberado directamente por la Oficina Judicial, que espera finalmente tras diez años del inicio de la investigación poder llevarlo a juicio.
La causa ya tiene un condenado, Ricardo Griffiths, que en el marco de un juicio abreviado fue sentenciado a dos años de prisión en diciembre de 2014, mientras el tercer inculpado, Marcos Canales, fue sobreseído por extinción penal a causa de su fallecimiento. Seitune, que transita por su quinto mandato como jefe comunal, continúa amparado en sus fueros, algo que debe resolver ahora el Concejo Deliberante.
Según la carátula, el proceso judicial abarca 25 hechos de defraudación a la administración pública municipal. Uno de los casos se vincula a la contratación de la obra de bacheo de la Ruta 40 y la defraudación tuvo tres etapas, un contrato de locación de obra con un grupo de operarios representados por Aníbal Tracamán. La administración municipal dio curso a la facturación desde de abril de 2003 sabiendo que no había sido extendida por Tracamán, liberando además los cheques respectivos contra las cuentas municipales, obteniendo un lucro indebido de unos $22.000.
Otro de los hechos de defraudación se circunscribió a actuaciones relacionadas con la provisión de mano de obra para el Museo Inacayal, albergue estudiantil, vivienda del docente de la Escuela 17, vivienda de Huenchueque y hormigón de cordones por los que se liberaron pagos (en el mismo 2003, durante el mes de febrero) a nombre del mencionado Tracamán, aunque los trabajos habían sido realizados por trabajadores como Estanislao Rodríguez que, lejos de responder a un contratista, cumplía horas en el municipio como beneficiario de planes estatales. Con los cheques liberados en este caso, el lucro indebido fue de más de $28.000.
Como se dijo, los hechos por los que Seitune debería ir a juicio son 25, y el caso había estado "paralizado" durante más de siete años dado que se dio en el medio la reforma del Código Procesal Penal.
Este pedido de desafuero llega a pocas semanas de que Iván Fernández, ex intendente de Lago Puelo, fuera condenado por "negociaciones incompatibles con la función pública".

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