El IPV fue admitido como querellante en la causa que se investiga a nivel local

El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Alejandro Bertolini, fue admitido como querellante durante la audiencia que se realizó ayer a tal fin. Lo representará la abogada María Laura Martensen. La juez autorizó la incorporación y le otorgó tres días para detallar a las personas que querellará el organismo. La causa tiene ocho imputados y se inició por presunta entrega irregular de viviendas.

La audiencia de constitución de querellante de la causa que investiga la agencia local del IPV se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial y fue presidida por la juez natural, Mariel Suárez. En representación del Ministerio Público Fiscal actuó el funcionario Ricardo Carreño, mientras que los imputados fueron asistidos por el defensor público Esteban Mantecón y el abogado particular, Francisco Romero. En representación de la parte querellante y por videoconferencia desde Rawson, lo hizo la abogada apoderada María Laura Martensen.
Hay que recordar que el caso que se investiga se produjo entre diciembre de 2011 y octubre de 2014 y la Fiscalía imputó a Abel Reyna, Darío Acosta, Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Onieva, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Cónsoli y Alejo Recalde.
En la audiencia se discutió el escrito que presentó el titular del organismo provincial, Alejandro Bertolini, mediante el cual solicitó constituirse como parte querellante en la causa.
Al respecto, el funcionario de Fiscalía prestó su conformidad y ratificó el escrito presentado por Bertolini, quien acreditó su carácter de presidente del IPV y DU y la abogada Martensen presentó un poder especial constituyéndose como parte querellante en la causa.
"No hay ninguna objeción por parte de Fiscalía para aceptarlos como querellante", afirmó el acusador público.
También Martensen solicitó ser tenida como querellante en la causa como abogada patrocinante, en carácter de apoderada de Bertolini.

SE OPUSO LA DEFENSA

El defensor de Romero se opuso a la constitución como querellante porque a su entender no se cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal y tampoco con la Ley que regula la competencia de la Fiscalía de Estado.
"El IPV y DU no tiene personería jurídica propia, sino que pertenece al Estado provincial", sostuvo el defensor y agregó que debe ser el fiscal de Estado el que se presente como parte querellante y no el IPV y DU.
En cuanto al poder especial presentado, Romero dijo: "debe identificar a las personas que va a querellar, en este caso los imputados, y no lo hace. Es decir, el poder no reúne los requisitos mínimos y el único que pude representar al Estado provincial en juicio es el fiscal de Estado", concluyó.
El defensor público Esteban Mantecón compartió los argumentos de su par, los cuales calificó como precisos, circunstanciados y concisos. "El escrito presentado por la doctora Martensen no cumple con los requisitos exigidos por la ley. En los casos en que la víctima sea la Provincia del Chubut es el fiscal de Estado quién debe presentarse como querellante", resaltó Mantecón.
A la vez, el funcionario de fiscalía esgrimió que la participación del fiscal de Estado era facultativa y no obligatoria y que están dados los requisitos para que el IPV y DU se constituya como querellante. Respecto de las personas querelladas no identificadas en el escrito pidió que se le otorgue un plazo a la querella para readecuarlo. En igual sentido Martensen adhirió a lo expresado por el representante de Fiscalía argumentando que el IPV y DU es un ente autárquico y está facultado para presentarse como querellante.
Tras escuchar a las partes, la juez Suárez analizó la ley que regula las facultades de Fiscalía de Estado para actuar en procesos que se vea afectado el patrimonio del Estado provincial y la ley de origen del IPV y DU como una entidad con autarquía funcional y económica.
Al respecto indicó que la ley "faculta al directorio a representar al IPV y DU en juicio", por lo que afirmó que puede presentarse como parte querellante y así lo admitió.
De todas maneras, sostuvo que en el escrito no está claro a quiénes se autoriza a querellar por lo cual otorgó un plazo de tres días para que sea reformulado.

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