El juez Bonadío fue denunciado penalmente por “mal desempeño”

El diputado nacional y miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, Héctor Recalde, denunció ayer ante la justicia al juez federal Claudio Bonadio por “mal desempeño” a raíz del allanamiento que ordenó realizar el lunes al Banco Central de la República Argentina (BCRA) luego de que la institución le hubiera entregado ya documentación requerida para una causa.

El legislador del FPV consideró que Bonadío incurrió en una “causal de mal desempeño al constituir un acto de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones” que adjudicó a un deseo expreso del juez de incidir en la campaña presidencial y favorecer una denuncia de diputados opositores.
“La orden de allanamiento podría configurar un acto arbitrario y desproporcionado, ya que la nómina de operaciones y el listado de funcionarios intervinientes en esta operatoria podía haber sido requerido por un oficio judicial, dada la colaboración evidenciada por las autoridades del BCRA”, consideró Recalde.
El allanamiento se realizó en el marco de una causa en la que se tramita una denuncia de los diputados Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR) contra el titular del BCRA, Alejandro Vanoli, por la venta de dólares a futuro y el supuesto quebranto que la operatoria ocasionaría en entidad.
En caso de que la causa avance habilitaría a un pedido de remoción de Vanoli, quien fue designado por el Senado hasta el 2019, un camino que los legisladores de la alianza Cambiemos buscan despejar.
El procedimiento fue realizado por la Policía Metropolitana para secuestrar documentación de la mesa de dinero de la entidad, pese a que la misma ya había sido remitida al juzgado por la mañana.
Para Recalde “no puede perderse de vista” el contexto político elegido para el allanamiento, vulnerando una de las obligaciones de los magistrados que es “actuar con prudencia y mesura”.
En su denuncia penal contra Bonadío, Recalde recordó que la Subgerencia General Jurídica del BCRA presentó días atrás en el juzgado las resoluciones de directorio que establece el marco normativo de las operaciones ahora objetadas, que había sido demandadas por el juez.

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