El juez Casanello sobreseyó a Macri en el caso de las escuchas ilegales

El fallo de Casanello echó por tierra la acusación de Sergio Burstein, de la agrupación 18J de familiares de AMIA, y Néstor Leonardo, ex cuñado de Macri, ambos víctimas de escuchas ilegales, quienes habían solicitado que el Presidente fuera enviado a juicio.

El juez federal Sebastián Casanello decidió sobreseer al presidente Mauricio Macri en la causa por presuntas escuchas ilegales.
En este sentido, el magistrado les notificó la resolución al primer mandatario, que se encontraba procesado hace cinco años y medio.
En la resolución, el magistrado entendió que hay una diferencia entre las responsabilidades "políticas y las responsabilidades penales" y que la tarea de la Justicia es reunir pruebas para penar estas últimas, según explicaron fuentes judiciales.
En ese aspecto, remarcó que a lo largo de más de cinco años de investigación no se reunieron pruebas para demostrar que el Presidente hubiese estado al tanto de las escuchas ilegales a las que fueron sometidos su ex cuñado Néstor Leonardo y el familiar de víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein.
La causa por las escuchas ilegales tuvo inicio a fines de 2009, cuando el líder de la comunidad judía Sergio Burstein denunció penalmente que estaba siendo espiado y amenazado por la Policía.
El primero de los detenidos fue Ciro Gerardo James, un abogado y miembro de la fuerza, acusado de realizar escuchas telefónicas ilegales por orden del ex comisario Jorge Alberto Fino Palacios, tras habérsele encontrado dos aparatos para intervenir teléfonos.
El 14 de mayo de 2010 el juez Norberto Oyarbide procesó a ambos por considerarlos partícipes necesarios de una asociación ilícita. Ese mismo mes, se ordenaron los procesamientos del ex ministro de Educación, Mariano Narodowski, y del por entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, este último por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
En marzo de este año, los abogados de Macri presentaron un escrito de 20 carillas ante la Cámara Federal con la intención que el tribunal lo desligue de la causa. Tres meses después, la Sala I de la Cámara Federal porteña determinó que el actual presidente debía seguir procesado por su presunta participación ilícita dedicada al espionaje ilegal.
El fallo de Casanello echó por tierra la acusación de Sergio Burstein, de la agrupación 18J de familiares de AMIA, y Néstor Leonardo, ex cuñado de Macri, ambos víctimas de escuchas ilegales, quienes habían solicitado que el Presidente fuera enviado a juicio. Burstein había recusado a Casanello por prejuzgamiento pero la Cámara Federal rechazó el pedido y lo confirmó al frente de la causa.

SIN PARTICIPACION

La defensa de Macri, a cargo de los abogados Ricardo Rosental y Alejandro Pérez Chada, sostuvo que fueron parciales los pedidos de las querellas porque no tuvieron en cuenta la declaración del ex ministro de Justicia y Seguridad porteño y actual embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro, quien aseguró que Mauricio no participó del proceso de selección de "pinchaduras" concretadas por Jorge "Fino" Palacios como jefe de la Policía Metropolitana, y porque tampoco la empresa Ackerman Group informó que la contratación para investigar a Leonardo la hizo Mauricio.
Casanello valoró los testimonios de Montenegro y del exjefe de la Policía Federal Adrián Pelacchi, quienes explicaron que Macri "no había seleccionado antojadiza y unilateralmente a Palacios al frente de la Policía Metropolitana ni había tenido injerencia en los nombramientos de los aspirantes –tal el caso de Ciro James-, lo que lo ubica en una situación de ajenidad respecto de la presunta existencia de una empresa criminal montada en el seno de su gobierno".
El fallo indica que "las medidas producidas una vez reabierta la etapa de instrucción ratificaron la ausencia de prueba de cargo contra Macri, de donde se sigue la ausencia de responsabilidad penal, pues lo afirmado hasta aquí no sólo lo ubica en una situación de ajenidad respecto de tal o cual intromisión telefónica, sino que también lo aleja del armado de una empresa ilegal de espionaje dentro de su gobierno".
"Ninguna de las acusaciones –ni la pública ni las privadas- especificaba siquiera una prueba directa para sostener que Macri había requerido u ordenado espiar a Néstor Leonardo y a Sergio Burstein. Tampoco existía prueba directa para adjudicarle formar parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje clandestino", insistió el magistrado.

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