El juez Pullen sigue sin resolver si autoriza la prisión domiciliaria para Milagro Sala

Su colega Gastón Mercau ya se expidió a favor de otorgarle ese beneficio. La dirigente social jujeña cumple prisión preventiva desde hace 19 meses por tres causas que se tramitan en su contra por acusaciones de fraude, extorsión y asociación ilícita, a raíz del desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

E juez jujeño Pablo Pullen Llermanos, uno de los letrados a cargo de decidir si se le otorga la prisión domiciliaria de Milagro Sala a raíz del pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobó ayer el domicilio en la localidad jujeña de El Carmen como apto para que la detenida dirigente social sea trasladada allí, tras una inspección efectuada por la mañana, pero aclaró el magistrado que aún no tomó una decisión al respecto y no estimó plazos para una eventual medida de traslado.
Por su parte, el juez Gastón Mercau, quien junto a Pullen Llermanos mantiene por distintas causas penales en prisión preventiva a Sala, ya le otorgó ese beneficio a la dirigente en ese mismo inmueble, aunque su cumplimiento está sujeto a la decisión que tome el otro magistrado actuante.
Sala cumple prisión preventiva por tres causas que se tramitan en su contra por acusaciones de fraude, extorsión y asociación ilícita, a raíz del desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
La inspección de la vivienda a la que sería trasladada Sala, se concretó alrededor de las 9 y por poco más de 20 minutos en los que el juez de Instrucción de Causas, Pablo Pullen Llermanos, fiscalizó el estado del inmueble por dentro, ello junto a personal de Gendarmería, del Ministerio de Seguridad, la defensa de la dirigente y sus familiares.
"Hay mucha similitud con lo ya puesto a disposición por los familiares a través de fotografías", dijo Pullen Llermanos al realizar una evaluación de la inspección realizada y en referencia a que la casa sufrió saqueos y no está habitable, pero estimó: "no es nada que no se pueda solucionar a la brevedad".
Agregó que si bien el predio muestra "cierto abandono", se pedirá su reacondicionamiento en caso de decidirse la prisión domiciliaria, ya que "las condiciones de seguridad necesarias están aprobadas por parte de Gendarmería".
En ese marco, recordó la imposibilidad de que Sala sea trasladada a su otro domicilio en el barrio Cuyaya de la capital provincial, acorde a lo solicitado por la defensa de la dirigente, y dijo que de acuerdo a la inspección de Gendarmería ello "no es posible".
Por otro lado, si bien no marcó un plazo para resolver la prisión domiciliaria, aseguró que lo hará a "la mayor brevedad posible en los plazos que me permitan las constancias del expediente", pero que aún le restan por llegar a sus manos "algunos informes" pedidos, tras lo cual los evaluará y tomará la decisión.
En este punto, recordó: "la recomendación de la CIDH no tiene carácter de obligatorio y por tanto el plazo tampoco. Es meramente ordenatorio", sostuvo.
Finalmente, consultado por la prensa acerca de que el inmueble de la ciudad de El Carmen fue construido no como vivienda sino para desarrollar allí un centro de rehabilitación de adicciones como sostiene la defensa de Sala, Pullen Llermanos indicó que no le consta que haya sido así y que la información que él maneja es que "era una casa adonde venía a pasar los fines de semana".
El inmueble inspeccionado se encuentra en una villa veraniega, colindante al dique la Ciénaga, zona turística ubicada en el localidad de El Carmen, distante 27 kilómetros al sur de la capital provincial.
Según se puede visualizar, el terreno, de una extensión considerable, cuenta una construcción tipo chalé de dos plantas, una piscina y amplio espacio verde.
En la zona donde se encuentra el inmueble, denominada Villa Parque La Ciénaga, un terreno de 300 metros cuadrados puede valer entre 380.000 y 500.000 pesos, dependiendo la ubicación, según los datos aportados a Télam por inmobiliarias de la provincia.
Además, indicaron que "el 90% de los lotes en el lugar lo compra gente que realiza actividades acuáticas y pesca", ello en relación a la cercanía al espejo de agua que le da nombre al barrio y está ubicado a escasos metros.
Milagro Sala afronta su prisión preventiva por tres causas que se tramitan en su contra por acusaciones de fraude, extorsión y asociación ilícita, a raíz del desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Inicialmente, fue detenida el 16 de enero de 2016 por "instigación a cometer delitos" y "tumulto", a causa de un acampe que la Tupac Amaru había montado frente a la Casa de Gobierno, tras la asunción en el cargo de el gobernador Gerardo Morales. Por estos cargos, fue condenada a pagar una multa y quedó inhabilitada a formar parte de organizaciones con personería jurídica por tres años, aunque luego el Juzgado de Control en lo Penal N°3 de Jujuy declaró la nulidad del juicio contravencional.
El 28 de julio, la CIDH urgió al Estado argentino a dar cumplimiento a la resolución del grupo de trabajo de la ONU que pide "su liberación inmediata", o la adopción de "medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad".
En ese marco, los dos jueces jujeños que mantienen con prisión preventiva a la dirigente, Pablo Pullen Llermanos y Gaston Mercau, fueron notificados de tal resolución para tomar una decisión al respecto; habiéndose ya expedido éste último que optó por la prisión domiciliaria, la cual se cumplirá si el primer juez toma una decisión en el mismo sentido.

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