El miércoles buscarán aprobar el proyecto de ley de Acceso a la Información Pública

Se trata de una deuda del Congreso y un reclamo de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que fue tratado varias veces en ambas cámaras pero que nunca logró suficiente consenso como para llegar al recinto.

La Cámara de Diputados buscará sesionar el miércoles para aprobar el proyecto de ley de Acceso a la Información Pública impulsado por el Gobierno nacional, que permitirá a los ciudadanos acceder a la información de los tres poderes del Estado.
La iniciativa sería aprobada con un amplio respaldo, ya que el dictamen de mayoría que se debatirá en el recinto logró el consenso de casi todos los bloques que, con algunas disidencias, anticiparon que votarán a favor del proyecto.
Se trata de una deuda del Congreso y un reclamo de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que fue tratado varias veces en ambas cámaras pero que nunca logró suficiente consenso como para llegar al recinto.
Al anunciar semanas atrás el envío al Congreso del proyecto, el presidente Mauricio Macri destacó la importancia del proyecto para lograr la transparencia en organismos públicos y aseguró que la ley "va a permitir que cualquier persona pueda pedir datos, documentos, registros y que el funcionario tenga que contestar en 15 días, sino podrá ser sancionado".
La propuesta establece que todos los ciudadanos están habilitados para pedir en forma gratuita información a cualquier organismo de la Administración Pública Nacional y que la solicitud deberá "ser satisfecha en un plazo no mayor de quince días hábiles" con la posibilidad de ser prorrogada "en forma excepcional por otros quince".
Ante la denegatoria de una información, el solicitante tendrá un plazo de hasta 40 días para interponer un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo que se creará a partir de esta ley, y que tendrá un director elegido por el Poder Ejecutivo.
La Agencia de Información Pública será un organismo autónomo y estará integrada por representantes de todas las áreas del Estado, que serán designadas por el Ejecutivo previo concurso de oposición y antecedentes, y con posibilidad de remoción.
El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, el macrista Pablo Tonelli, puso de relieve la importancia de este proyecto, al sostener que se pudo avanzar en esta ley "gracias al impulso del Poder Ejecutivo que demuestra el compromiso real y concreto del presidente Macri con esta iniciativa".
"El eje central es que la mayor cantidad de información que posee el Estado sea pública y que las excepciones sean lo más restringidas posible", señaló Tonelli.
Para el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, se trata de "una ley necesaria, más allá de las disidencias que podamos tener, pero esta iniciativa es mucho más amplia que todos los textos que se tomaron como base".
La diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, anticipó su respaldo al texto, al que se arribó luego de varias reuniones de asesores y reconoció que "si no tenemos ley hasta ahora es porque estamos impidieron que la haya".
Mientras, desde el Frente para la Victoria, Diana Conti, ex titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja, recordó que la iniciativa "ha recorrido un largo camino" y si bien anticipó que el bloque acompañará la iniciativa, planteó algunas disidencias al texto.
Entre otras cuestiones, la iniciativa busca garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
La ley regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado nacional.
La iniciativa viene a reemplazar al decreto 1172 de 2003 firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner porque esa medida establecía el acceso a la información sólo en el ámbito del Poder Ejecutivo, mientras que el proyecto enviado por Macri abarca a también al Legislativo y al Judicial y otras instituciones que tienen participación del Estado.
De esa manera y con la sanción de esta norma, elaborada respetando los estándares internacionales en la materia, la Argentina se pondrá a la par de los más de 90 países del mundo que tienen una normativa que regula el derecho de acceso a la información pública.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico