El Ministerio Público de San Pablo pidió el arresto de "Lula" da Silva

La denuncia será analizada por la jueza María Priscilla Ernandes de San Pablo en fecha aún no definida, aunque se espera que en los próximos días se informe si rechaza o acepta alguna o todas las acusaciones del equipo de fiscales.

El Ministerio Público (Fiscalía) de San Pablo pidió prisión preventiva del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el proceso de investigación de los presuntos delitos de ocultación de patrimonio, blanqueo de dinero y falsificación de documentos en relación a un departamento que está a nombre de una constructora investigada por el caso de corrupción en Petrobras.
La denuncia, que fue presentada el miércoles, aunque recién ayer se agregó el pedido de prisión preventiva para Lula da Silva y otras cuatro personas, será analizada por la jueza María Priscilla Ernandes de San Pablo, en fecha aún no definida aunque se espera que en los próximos días se informe si rechaza o acepta alguna o todas las acusaciones del equipo de fiscales.
En la denuncia, los fiscales Cássio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Araújo dijeron que es "imprescindible la prisión preventiva en razón de la conveniencia de la instrucción criminal" y por entender que el ex presidente podría "mover su red violenta de apoyo para evitar que el proceso que se inicia tenga su curso natural".
La Fiscalía negó ayer que haya una posible motivación política en la denuncia presentada contra Lula. "El Ministerio Público no trabaja con un calendario político. Nuestro calendario es judicial", afirmó el fiscal Blat durante una rueda de prensa.
Los tres fiscales que firman la denuncia sospechan que Lula y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, son los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres pisos en la localidad Guarujá, en el litoral de San Pablo, lo que el ex presidente ha negado en reiteradas ocasiones.
Los fiscales precisaron que la investigación de la Fiscalía de San Pablo es independiente de la llevada a cabo por la Justicia del estado de Paraná, de la que también es blanco Lula y que se centra en los asuntos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Según explicó el fiscal Cassio Conserino, la denuncia contra Lula se enmarca en una investigación iniciada hace "cinco o seis años" para esclarecer delitos cometidos por la cooperativa inmobiliaria Bancoop, cuando esta traspasó sus obras a la constructora OAS, salpicada por el caso de corrupción en Petrobras.
La Fiscalía paulista cree que Lula es el real propietario del apartamento en la playa en Guarujá, el cual está registrado en nombre de la constructora OAS, lo cual supondría que incurrió en un delito de lavado de dinero vía la ocultación de su patrimonio, que contempla penas de entre 3 y 10 años de prisión, y en otro de falsedad ideológica.
El viernes pasado Lula fue conducido de forma coercitiva a declarar en una comisaría de San Pablo lo que generó enfrentamientos entre simpatizantes y detractores del ex jefe de Estado y aumentó la fragmentación política en el país.
El Ministerio Público señaló que cuenta con indicios "bastante significativos" de que el ex presidente recibió beneficios y favores de las empresas implicadas en los desvíos de recursos de Petrobras, pero Lula lo niega e insiste en que se trata de una "persecución política".
El Instituto Lula rechazó la denuncia del Ministerio Público y dijo que "no tiene base en la realidad". "El ex presidente no puede ocultar un patrimonio que no es de él", señaló la ONG de Lula, que la semana pasada fue allanada por la Policía Federal.

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