"El procedimiento no se ajustaba a derecho"

El subcomisario Jorge Martín Guajardo, segundo jefe de Seccional Cuarta, le contesto al secretario municipal de Seguridad, el ex comisario Antonio Zúñiga, por afirmar que no quería desalojar a la familia Nieves.
"He tomado la determinación de no participar en el procedimiento que ha llevado adelante la Secretaría de Seguridad por considerar que no se ajustaba a derecho", indicó el jefe policial en actividad.
Entre sus argumentos, Guajardo citó el artículo 82 de la ordenanza 10.417/12 que dice que toda ocupación clandestina en terrenos fiscales municipales con construcción de cualquier material y deshabitada, será retirada y/o demolida por el área municipal que corresponda.
No obstante, "en el caso del terreno desalojado existen sobrados antecedentes y documentación que acredita que ese lugar se encuentra habitado, cosa que fue transmitida al secretario de Seguridad".
Mientras, el artículo 87 sostiene que "para las ocupaciones donde los usurpadores se encuentren viviendo, se deberá lograr de la Justicia la correspondiente orden de desalojo. En este caso la carencia de una orden emanada de un juez competente fue lo que motivó mi decisión y consideración de que el procedimiento no se ajustaba a lo que enmarca la ley".
Entonces, "al no existir orden judicial, tampoco se articularon los mecanismos respecto a la situación de vulnerabilidad de menores y mujeres, o un lugar alternativo; es decir el problema solo cambiaría de espacio geográfico".

AUXILIARES DE LA JUSTICIA
Guajardo acotó que "quiero aclarar que los policías somos auxiliares de la Justicia; que nosotros no juzgamos ni calificamos a las personas, ya sea por su condición social, sus antecedentes, creencias o religión".
Añadió que "tampoco somos una herramienta de represión ilegal del Estado, por lo cual el tratamiento que se le deba dar -ya sea a la familia Nieves como a cualquier persona que habite el suelo argentino- debe ser igualitario y así lo establece la Constitución argentina. Existen límites que ha fijado el legislador para que ustedes (vecinos de Comodoro Rivadavia) puedan ejercer los derechos consagrados en la Constitución".
El subcomisario reforzó su explicación con la resolución Nº 1993/77 de la Comisión de Derechos Humanos que declara que "la práctica de desalojos forzados constituyen una violación grave a los derechos humanos y en particular el derecho a la vivienda", citando los distintos instrumentos jurídicos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
"Uno de los deberes de todo conductor es el de velar no solo por el bienestar físico de sus subordinados, sino también por el jurídico. Los funcionarios públicos debieran recordar lo mencionado en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por la Asamblea General de la ONU", señaló el subcomisario.
Añadió luego que como policía, "tengo muy en claro cuáles son mis deberes y obligaciones, más allá de equivocaciones no intencionadas. Siempre he recordado que juré defender la Constitución contra todo acto que vulnere sus principios. Siempre estuve convencido de que todos los oficiales de nuestra Policía juramos los mismos principios".

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