El violento desalojo de la Ruta 3 en Río Gallegos profundiza la crisis provincial

La dirigencia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó otro paro de 96 horas a partir de ayer y evaluaba poner en marcha otras medidas de acción directa para repudiar el violento desalojo de militantes de ese gremio en el acceso a Río Gallegos por parte de tropas de élite de la Gendarmería Nacional, a media tarde del domingo.

Caleta Olivia (agencia)

Los serios incidentes agravaron la situación social y laboral que afronta Santa Cruz desde principios de año en el ámbito de la administración púbica debido a la crisis financiera del Estado provincial, la cual se transfiere hacia otros sectores de la comunidad y se potencia con la problemática que, por separado, se registra en la actividad petrolera.
Ayer se supo que la orden de despejar la Ruta 3 que estuvo bloqueada por doce días a unos diez kilómetros de la zona urbana fue dada por el juez subrogante del Juzgado Federal de Río Gallegos, Aldo Suárez.
En el operativo causó al menos diez heridos de diversa consideración, incluyendo un gendarme y la detención de dos dirigentes de ATE, pero quedó desestimada la inicial versión de que existía una orden de detención del secretario general a nivel provincial, Alejandro Garzón, quien también recibió golpes y tuvo que ser asistido en el Hospital Regional.
La refriega derivó no solo en generalizados repudios de diferentes gremios sino también en cruzadas acusaciones de sectores políticos opositores.
Por empezar, ATE recordó que el corte de ruta se había instrumentado para exigir al diputado Eduardo Costa (UCR-Cambiemos) que se sentara a dialogar con la gobernadora Alicia Kirchner para resolver el problema financiero que agobia a la provincia ya que es el único del grupo de los representantes de Santa Cruz en el Congreso que se negó a ese tipo de encuentro.
Además, en una conferencia de prensa ofrecida ayer, la dirigencia de ATE en Caleta Olivia acusó al bloque de diputados de la UCR–Cambiemos de la Legislatura provincial de haber "legalizado la represión" de la Gendarmería con gran antelación.
Concretamente se referían a un comunicado que ese bloque emitió el 17 de mayo por el cual calificaba de "absurdo" el reclamo de ATE y, como prueba de que estuvieron a favor del operativo de la fuerza de seguridad, el gremio citó que esos diputados ahora ni siquiera repudiaron la represión a trabajadores.
Las críticas también apuntaron al dirigente del FpV y actual presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Pablo Grasso, quien de manera urgente repudió el hecho de violencia acusando al gobierno nacional y al diputado Costa, pero –remarcaron- no tuvo similar actitud cuando el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Ariel Ivovich, agredió a varias jubiladas.
MAS EXPRESIONES
Debido a que durante el operativo la Gendarmería agredió al periodista Nicolás Revello, el Sindicato de Prensa de Santa Cruz expresó su solidaridad con el colega que realizaba su trabajo "y fue tirado al piso, esposado y pateado por los gendarmes".
En consecuencia, el SIPREN no solo repudió el accionar de la fuerza de seguridad nacional sino que también exigió "garantías y cese de la persecución a trabajadores de prensa que son permanentemente filmados y fotografiados cuando van a trabajar a la ruta". De igual manera, el Sindicato de Petroleros y Gas Privado de Santa Cruz criticó son severidad el accionar de la Gendarmería, indicando que "la respuesta de los organismos Institucionales a los reclamos y los pedidos de la clase trabajadora, no debe ser la violencia y los golpes" expresaron.
Por su parte el dirigente provincial del Partido Obrero, Miguel de Plá, arremetió tanto contra el gobierno nacional como contra el provincial, argumentando que "la gobernadora Alicia Kirchner contó con el aval del presidente Mauricio Macri y de la ministra (de Seguridad) Patricia Bullrich para aplicar el protocolo antipiquetes en Santa Cruz".
"Venimos planteando que Nación y Provincia negocian a espaldas del pueblo y la represión es una consecuencia de ello, porque lo que buscan es que la crisis la paguen los trabajadores", afirmó.

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