Elaborarán un registro con personas a las que habían eliminado sus pensiones

Horas antes de que se conociera el anuncio de la ministro de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, dando marcha atrás con la eliminación de pensiones graciables, ayer en la sesión extraordinaria del Consejo de Discapacidad Municipal se acordó elaborar un registro con las personas que sufrieron la quita de sus pensiones. La Defensoría Pública, en tanto, elaboró un pedido de informes dirigido a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales para contrastar con el registro local.

La decisión del Gobierno de Mauricio Macri de quitar pensiones a los discapacitados (que terminó dejando sin efecto a última hora de ayer) generó el repudio de la sociedad y la preocupación de las distintas áreas que trabajan en la temática.
La situación llevó a que el Consejo de Discapacidad Municipal mantuviera ayer, a las 15, una sesión extraordinaria para coordinar los pasos a seguir ante esa medida.
El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Rehabilitación del Hospital Regional y contó con la participación de diferentes asociaciones e instituciones que nuclean a personas con discapacidades. También a representantes del municipio y de la Defensoría Pública.
La coordinadora del Centro de Rehabilitación y presidenta del Consejo de Discapacidad, Gabriela Simunovic, explicó (horas antes de conocerse el anuncio de Nación de dar marcha atrás cono la medida) que se realizará un listado de las personas que han sido perjudicadas con la medida del Ejecutivo nacional “porque no sabemos cuánta gente ha caído en esta medida anti todo del Gobierno".
“Lo que hicieron está avasallando el derecho de las personas, no solo por sufrir una discapacidad sino como personas porque son sujetos de derechos y en este caso víctimas de asistencialismo”, agregó.
Asimismo, Simunovic indicó que los distintos organismos intervendrán en esta ciudad para contener a las personas que han sufrido la quita de su pensión. “Las personas que no pueden llegar a fin de mes o que, en el peor de los casos, no tienen para comer, vamos a intervenir para brindarle el apoyo necesario hasta que se revierta esta medida”, aseguró.
La coordinadora del Centro de Rehabilitación también manifestó que las organizaciones no gubernamentales que trabajan con personas discapacitadas se encuentran preocupadas ya que los derechos han sido vulnerados. “Estamos todos alertas y por eso resaltamos que todo aquel que necesite asesoramiento legal se puede acercar a la Defensoría Pública (ubicada en Sarmiento 453) y quien necesite interiorizarse por temas de salud se puede acercar al Hospital Regional”, recordó.

"HAY QUE PONERSE A TRABAJAR"
Además, Simunovic sostuvo que la Secretaría de Discapacidad se encuentra abierta para generar los mecanismos necesarios para que las personas pueden recibir algún tipo de contribución que les permita afrontar los gastos que antes eran cubiertos por el dinero de las pensiones mientras se las restablecen.
"Todos acá (por el Consejo de Discapacidad) decimos que conocemos a alguien que fue afectado de una u otra manera, pero no tenemos algo certero teniendo en cuenta que no es fecha de cobro y que muchas personas recién sabrán si fueron destinadas perjudicadas o no en el próximo mes. Hasta el momento hay dos casos confirmados que han sufrido la cancelación de su pensión, pero no sabremos bien hasta que elaboremos el registro”, subrayó.
En ese sentido, la presidenta del Consejo de Discapacidad aseguró: “en el caso de la Defensoría Pública ya ha pedido un informe al área de pensiones de Nación pero esto va a tardar. No sabemos cuántos cayeron con esta medida y no podemos saberlo. Es desesperante la situación y no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. El Gobierno nacional en vez de quitar las pensiones podría generar trabajo no solo para los discapacitados sino para toda la comunidad pero se ve que es más fácil quitar derechos que trabajar”.



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