Elevan a juicio la causa del crimen del ingeniero en el barrio Moure

En el marco de la audiencia preliminar por el homicidio de Jhon Blas Gutiérrez, ocurrido el 20 de enero en un comercio del barrio Moure, ayer se elevó la causa a juicio. Además, la magistrada resolvió que los acusados Enzo Uranga y Lautaro Hernández sigan en prisión preventiva.

En el inicio del acto judicial el funcionario fiscal, Cristian Olazábal, solicitó que se eleve a juicio oral y público la causa por el asesinato del ingeniero en petróleo Jhon Blas Gutiérrez (27). El integrante de la comunidad boliviana fue asesinado de un disparo en el pecho durante un robo a la tienda de sus padres, en César Campoy al 2.600.
Según la acusación presentada por la Fiscalía, los imputados Enzo Martín Uranga (20) y Lautaro Hernández (21) ingresaron a las 18 de ese viernes 20 de enero a un negocio de la calle Campoy al 2.600 para cometer un primer robo. Tras patear la puerta tomaron dos botellas de "Dr. Lemon" y escaparon. La propietaria alcanzó a verlos y observó que uno de ellos llevaba un arma en la cintura.
Dos horas después, los mismos individuos entraron a la "Tienda Rodrigo", ubicada a escasos metros del anterior comercio. Se hicieron pasar como clientes, se probaron ropa y calzado. Una vez con las prendas en su poder se dirigieron hasta la caja registradora donde se encontraba el propietario del local, su esposa y su hijo Jhon.
Según precisó el representante fiscal, Uranga sacó un arma de fuego y afirmó: "esto es un asalto". Luego, exigió la entrega de "toda la plata" y la mujer le respondió que no tenían dinero. Entonces, el imputado le disparó al dueño del local a la altura del muslo izquierdo y a Jhon en el pecho.
Los asaltantes huyeron con la mercadería robada y el joven ingeniero fue trasladado a la guardia médica donde falleció. Olazábal calificó el delito como homicidio en ocasión de robo, en concurso ideal con robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con robo simple.
El acusador público estimó que en caso de ser condenado a Uranga podría recaerle una pena de 20 años de prisión debido a que posee antecedentes penales. Mientras que para Hernández sería de 15 años.
El funcionario además solicitó que se mantenga hasta la celebración del debate la prisión preventiva que cumplen los acusados. Basó ese pedido en las características graves del ilícito, la violencia física desmedida y el uso de un arma de fuego. También se refirió a la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento.

RECHAZARON UN SOBRESEIMIENTO
El defensor público Ricardo Amado, quien asistió a Uranga, objetó la calificación legal esgrimida por la Fiscalía y sostuvo que no debe ser aplicado el concurso ideal de robo agravado por el uso de arma de fuego.
También criticó el dictado de la prisión preventiva basado en la expectativa de pena alta debido a que no basta para derribar la presunción de inocencia: “esta solo es revertida por una sentencia firme", aseguró.
Sostuvo que la prisión debe tener un plazo y no puede ser establecida con un plazo abierto. Por esa razón, concluyó que no corresponde el mantenimiento de la prisión preventiva de su pupilo.
En igual sentido el defensor Mauro Fonteñez, quien defendió a Hernández, contestó la acusación fiscal, propició su sobreseimiento y objetó la calificación legal. Afirmó que no hubo un plan previo y que su defendido no tuvo voluntad de cometer el delito.
Requirió su libertad con presentaciones semanales y subsidiariamente su arresto domiciliario.
La magistrada resolvió elevar la causa a juicio oral y público bajo la calificación legal propuesta por Olazábal, en calidad de coautores para Uranga y Hernández.
Además, dictó la prisión preventiva de los imputados por el término de 40 días sobre la base de la existencia del peligro de entorpecimiento para cautelar los testigos que depondrán en el juicio.

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