En 9 años se registraron 33 denuncias penales por presunta mala praxis médica

Los datos oficiales del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia indican que en la zona sur de Chubut hubo 33 denuncias por mala praxis en nueve años. En la actualidad, cuatro de estos casos tomaron estado público y mientras en tres se espera una definición en el restante ya hubo sentencia: una suspensión de juicio a prueba y una indemnización que el padre del menor fallecido rechazó. Negligencias, falta de atención, escasez de recursos e infraestructura hacen a una problemática que suele tener desenlaces trágicos.

El 25 de febrero de 2014 era un día que parecía habitual para Víctor y Paola Russo. Como todas las mañanas, se levantaron y atendieron a sus dos hijos: Máximo, de 3 años, y Nicolás Bautista, que había nacido hace un mes y cinco días. Luego Víctor se fue a trabajar y horas más tarde Paola tuvo que asistir a una reunión de padres. Cuando volvió, amamantó a Nicolás y luego se durmieron.
Todo marchaba normal. Sin embargo, la vida de esta familia cambió de un momento a otro y para siempre. Víctor llegó del trabajo a la tarde, buscó a Nicolás que estaba en la cuna y lo llevó a la cocina. Con Paola charlaban cuando de repente el bebé tosió y vomitó de una forma que nunca habían sentido y que les llamó la atención, por el color de la sustancia y el ruido que efectuó la criatura.
Ambos quedaron sorprendidos, limpiaron al bebé pero un segundo vómito los hizo reaccionar. Rápidamente subieron al auto y fueron hasta la Asociación Española, donde Nicolás había nacido. Eran cerca de las 18:50, entraron a la guardia desesperados y fueron atendidos por el doctor Hugo Mantuano.
Según cuenta Víctor y ratifica su abogado, Eduardo De Villafañe, el médico estaba a diez minutos de dejar una guardia de 12 horas y luego de revisarlo les habría dicho: "el bebé está bien, no tiene nada; seguro son cólicos; seguro le estas dando mal el pecho".
Desesperados, los padres pidieron más exámenes. Un análisis de sangre que demoró una hora fue la respuesta. Mientras tanto esperaron en el pasillo de la clínica, angustiados porque el bebé lloraba "sin consuelo".
El matrimonio no sabía qué hacer; el niño seguía llorando; estaba pálido e incluso se le había hundido la mollera. Paola decidió actuar y a la primera médica que vio en la guardia le pidió ayuda. Era la generalista Roxana Barrientos Alfaro, quien les dijo: "no mamá; eso no es nada; si se le hubiera inflado sí sería peligroso. Hasta que no salgan los exámenes de sangre no lo voy a atender".
Paola no se conformó con esa respuesta y desesperada le acercó el bebé, prácticamente exigiéndole que lo revisara.
Nicolás ingresó a la sala de emergencia, le pusieron una máscara de oxígeno de adultos porque no había de niños. Barrientos Alfaro habría decidido llamar a otro doctor especialista, el médico Fernando Landao. Mientras tanto, el cuadro empeoraba y esta vez fue el padre quien volvió a pedir ayuda desesperado.
El bebé fue entubado; hicieron salir de la sala a los padres y minutos después los enfrentó Landao, quien brindó una explicación que en ese momento poco pudieron entender.
Paula lo interrumpió. "¿Discúlpame, pero el bebé está bien? ¿Salió del peligro? Y recibió la más dura respuesta que puede oír alguien: "No mamá, tu bebé falleció".

LA FRIA AUTOPSIA

Según la autopsia, Nicolás falleció por una "neumonía por broncoaspiración", la cual se desencadenó luego de que al vomitar aspirara su propio reflujo y le entrará a los pulmones causándole una infección.
A dos años de este hecho, Víctor y Paula son una de las 33 familias de la zona que denunciaron en forma penal un caso de presunta mala praxis desde 2007 a la actualidad, según indican los datos oficiales del Ministerio Público Fiscal que tiene jurisdicción en esta ciudad, Sarmiento, Río Mayo y Río Senguer.
En el caso de Paula y Víctor ya tuvieron la audiencia preliminar de juicio, la cual paso a un cuarto intermedio hasta que la jueza Raquel Tassello decida si da lugar al pedido de elevación a juicio que realizaron la Fiscalía y la querella que representa a los padres, o declara la nulidad de la acusación contra Mantuano y Barrientos Alfaro, tal como pidieron sus abogados defensores.
Para poder avanzar, mañana deberán presentar un perito pediatra de partes, una misión difícil teniendo en cuenta las características de la ciudad: una urbe chica donde prácticamente todos los médicos se conocen e incluso trabajan en el mismo ámbito: algunas de las tres clínicas privadas que funcionan en la ciudad o en los dos hospitales públicos.
Según confirmó Víctor Russo, nueve profesionales ya se negaron a participar de la pericia. Mientras tanto, esperan que avance la causa civil que también acusa a la Asociación Española, al director médico de la entidad y a la obra social Ospegap (Obra Social del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia).
"Queremos que se haga justicia, que no haya más casos de esta clase", sostuvo Víctor al dialogar con El Patagónico sobre su caso.
"Mucha gente me dice que es un secreto a voces que la salud está colapsada en la ciudad. Pero no puede ser así. Tiene que tomar conciencia todo Comodoro de que no tenemos ambulancias; no tenemos pediatras; camas para los enfermos, ni para los abuelos. Entonces te podes llegar a enfermar y te morís", agregó, al explicar por qué decidió el caso a la justicia penal y civil.
El caso de Nicolás tuvo una gran repercusión en la ciudad. Seis días después de su muerte se realizó una marcha que culminó frente a la Asociación Española, con la participación de más de 300 personas que pidieron justicia y "asistencia médica digna". Todo un mensaje en la ciudad.

URGENCIA LETAL

Sin embargo, lamentablemente el de Nicolás Bautista Russo no es el único deceso dudoso que se produjo en la zona sur de Chubut en los últimos años, donde de los 33 casos registrados por lo menos cuatro en los últimos años terminaron con la muerte del paciente.
Uno de ellos es el caso de Luisa Evelin Barrera, una joven de 15 años oriunda de Sarmiento que padecía hidrocefalia y falleció por la demora en un cambio de válvula urgente. Por este caso fue imputado el neurocirujano José Luis Corominas, quien sería llevado a juicio acusado de negligencia.
Según contaron los padres de Luisa, Fabián Barrera y Silvia Arriola, y consta en la acusación fiscal, todo comenzó el 14 de agosto de 2013 cuando la joven se realizó una resonancia magnética que determinó que necesitaba un cambio de la válvula que drenaba la acumulación de líquido cefalorraquídeo que se alojaba en la cavidad cerebral por el cuadro que padecía.
Por su complejidad, la intervención debía realizarse en el Hospital Regional. Por eso sus padres sacaron turno con el doctor Corominas, quien primero dijo que no los podía atender porque había renunciado al nosocomio, pero luego recuperó su fuente laboral y se hizo cargo del caso. Así, el profesional los citó para que Luisa fuera internada y posteriormente, operada. Sin embargo, cuando llegaron al centro asistencial se encontraron con que el nosocomio no disponía de la válvula.
Finalmente luego de arduas gestiones, el martes 10 de diciembre de 2013 Luisa fue derivada nuevamente al Regional para ser operada al día siguiente. Pero sus padres no sabían que se iban a encontrar con una inesperada respuesta que cambiaría todo: Luisa no iba a ser intervenida, ya que Corominas entendía que la válvula no debía ser reemplazada y atribuía los dolores de la chica a nervios, ansiedad y problemas psicológicos.
Ese mismo día la joven se desvaneció, por lo que quedó internada en el nosocomio. Su cuadro empeoró tres días después cuando se descompensó en tres oportunidades. Corominas no regresó y tras algunas gestiones, recién confirmó que la operaría el lunes 16. Sin embargo, el sábado 14 de diciembre de 2013 un fuerte dolor de cabeza preanunció el desenlace fatal.
Ante la desesperación de la joven, su madre pidió que le suministraran medicación, pero le dijeron que tenía que esperar. Luisa se durmió; trataron de despertarla; no reaccionó; adquirió un color de tono morado y entro en estado de coma. Finalmente, fue operada en horas de la madrugada del domingo 15, pero fue en vano. Falleció alrededor de las 5 del día siguiente.
Por el hecho el médico Corominas sería llevado a juicio, mientras que la psicóloga Patricia Soto –cuya opinión fue invocada por el médico para postergar la intervención- fue recientemente sobreseída en una audiencia preliminar de juicio.

DELITOS COMPLEJOS

La causa de Luisa está a cargo de la fiscal Camila Banfi, quien además tiene a su cargo el proceso por la muerte de Rocío Navarro López, una mujer de 33 años que falleció el 11 de abril de 2013, también en el Hospital Regional, a donde había ingresado unas horas antes por una cirugía programada de útero.
Según la denuncia, la joven madre ingresó al nosocomio con un pre quirúrgico "impecable", pero falleció por una hemorragia interna que le produjo un shock hipovolémico producto de una acidosis metabólica.
Por este hecho fueron imputados los médicos Osvaldo Soria, Alejandra Reyes y Sebastián Leguiza, aunque el juez Jorge Odorisio solo condenó a los dos últimos por homicidio culposo y falsedad ideológica.
A Leguiza se le impuso la pena de tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer el cargo, en tanto que dos años de prisión en suspenso recibió Reyes. Sin embargo, la sentencia fue anulada por la Cámara Penal en el marco de la impugnación que presentaron los defensores Guillermo Iglesias y Ricardo Amado, al considerar que el fallo es de "nulidad absoluta" y no reúne los requisitos mínimos que debe tener una sentencia. Por tal razón, el juicio deberá realizarse de nuevo.
Así lo confirmó Banfi, quien consultada por El Patagónico calificó como complejos los delitos de este tipo. "Cada caso es un caso de laboratorio, no se puede generalizar. Pero en sí los delitos de praxis médica que terminan en un culposo requieren a la hora de investigar de muchos peritos médicos. Entonces hace que sea más complejo porque el fiscal está para investigar todas las cuestiones que hacen a lo jurídico, pero todo lo que tienen que ver con documentos médicos lo tiene que hacer un perito que pueda recomendar cómo hacer esas pruebas", explicó.
"A veces hace falta un perito experto, y en esos casos al haber en la ciudad solo dos neurocirujanos que son colegas se hace muy complicado; entonces se piden especialistas de otros lugares que puedan hacer un dictamen y no sean colegas porque también es difícil para los médicos dictaminar contra otro colega", agregó.
El abogado Eduardo de Villafañe, querellante en el caso de Nicolás Russo, coincide con la funcionaria judicial. "Hay dificultades para poner peritos porque muchas veces por distintas causas los médicos se niegan, porque en la primera etapa tenés el médico forense, pero después, cuando llegas a la etapa de juicio y tenés que convocar a un médico particular, no quieren porque no quieren aparecer frente a la comunidad médica dictaminando, o en una posición contrario al colega".
¿Pero qué es lo que produce que se registren casos de este tipo? Para el letrado, quien asegura haber participado en por lo menos 14 casos de mala praxis en 30 años de carrera (a veces como acusador y otras como defensor), la problemática más allá de la responsabilidad médica también involucra al sistema general de salud.
"La mala praxis tiene múltiples aspectos, excede lo individual y muchas veces tiene que ver con la crisis en el sistema de salud que tiene que ver con la capacitación, el estado de los servicios, la cuestión económica, la cantidad de profesionales y la acreditación en las especialidades pertinentes porque a veces te encontras con médicos generales haciendo especialidades, que fue lo que pasó en el caso Russo".
"Hay normas de calidad que establecen que debe haber médicos especialistas. También hay otro tipo de deficiencias. Por ejemplo desde 2009, cuando se sancionó la ley del paciente, existe la obligación de confeccionar la historia clínica del paciente y todavía hay lugares donde esta obligación legal no se cumple", agregó, considerando que la principal falencia es la falta de medios y recursos.
Para ejemplificar esto, recordó que "en el caso de Russo el médico que atendió a Nicolás llevaba 12 horas de guardia y nos queda la duda si salió y se fue a la guardia de Clínica del Valle. Imagínate vos en qué estado, con qué capacidad queda un profesional después de atender 34 pacientes, y a veces más. Y eso determinó, aunque no lo reconocen, que el servicio de pediatría de La Española se cerrará por falta de profesionales. Entonces es un problema complejo", sentenció.
En los casos de estos delitos considerados culposos, donde las condenas pueden ir desde un mes hasta los cinco años -más la inhabilitación para ejercer la medicina por el doble del tiempo de la condena según su gravedad-, también se puede avanzar por la vía civil y solicitar un resarcimiento económico, que siempre pagan aseguradoras con las que cuentan los profesionales y las instituciones.
Según se confirmó, incluso el Colegio Médico de la ciudad cuenta con una póliza colectiva que cubre la responsabilidad civil de sus profesionales. Es que por ley todos los profesionales deben tener un seguro. Aunque esto es lo de menos -reconoce De Villafañez-, ya que "los padres quieren que se sancione al responsable y los hechos no se vuelvan a repetir".
Con esto coincide Russo y también José Luis Ogas, el padre de Dylan, un niño de 5 años que falleció el 13 de enero de 2013 en el Hospital Regional, luego de haber recibido las primeras atenciones seis días antes en la Clínica del Valle.
Dylan solo se quebró un brazo y lo enyesaron, pero este procedimiento simple lo terminó llevando a la muerte. Por el hecho fueron imputados los médicos Adrián Villarroel, Julián Petrolito y Mariano García, quienes finalmente se vieron beneficiados con una suspensión de juicio a prueba y resarcimiento económico de 50.000 pesos cada uno, que el papá de Dylan rechazó.

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