En la Patagonia el sobrecosto laboral para una pyme es de $1 millón por año

En comparación con una pequeña o mediana empresa instalada en otra región del país, esa diferencia se produce por afrontar en el pago de sueldos el concepto de Zona Patagónica, que en Chubut promedia el 20 por ciento, debido también al mayor costo de vida. La Federación Empresaria de Chubut le reclama al Gobierno nacional acciones para mejorar la competitividad a través de beneficios impositivos y evitar que sigan cerrando fuentes de empleo.

A partir de legislaciones nacionales, una pyme de la Patagonia tiene hoy un costo de personal de hasta un millón de pesos más por año respecto a las empresas que desarrollan iguales actividades, pero situadas en otros puntos del país.

El dato surge de un trabajo elaborado desde la Federación Empresaria de Chubut (FECh), nucleada dentro de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).

En un documento la entidad de empresarios chubutenses manifestó su preocupación por los cierres que se están produciendo en la zona y pidió atacar de "forma inmediata" los problemas de competitividad que afectan gravemente el trabajo y la productividad regional patagónica.

De acuerdo a los números reflejados por la FECh, las firmas radicadas en Chubut y en el resto de las provincias patagónicas, a partir del ítem Zona Desfavorable, deben enfrentar sobrecostos laborales de hasta $ 985.000 más al año respecto a una compañía radicada en otro punto del país, donde no se debe remunerar este ítem. Ello considerando una planta de diecisésis operarios, con valores salariales a marzo de 2017.

Así, por empleado, una compañía de la Patagonia desembolsa $ 358.000 al año, contra $ 296.000 de una planta situada en otro punto del país, que no debe absorber las cargas que sí se afrontan en toda la zona sur. Ante ello, se proponen una serie de medidas a encarar ya que, al igual que se ha planteado a través de las autoridades provinciales, "ya no alcanzan los subsidios o algún tipo de ayuda para sobrellevar la actual crisis".

Desde la FECh se mostró el "apoyo a las gestiones realizadas desde la Provincia y distintas localidades de la Comarca para que el tema de la competitividad y los beneficios impositivos puedan tener efectivo tratamiento en el Congreso".

En esa dirección se considera que "el sistema de ayuda mediante subsidios demostró que en muchos casos es deficiente en cuanto a los tiempos y muchas veces empresas que deberían acceder por cumplir los requisitos, se les niega la ayuda".

"Llegar a destiempo con una ayuda de este tipo hoy está significando cierres y frente a ello se necesita legislar para brindar un marco impositivo sólido y que equipare diferencias con el resto del país", se indica.

Se asegura además: "hoy, desaparecidos todos los sistemas promocionales que tuvo la región Patagónica, el sobre costo laboral existente, que varía según las actividades entre el 20 y el 40%, es uno de los rubros que más afecta la competitividad Patagónica en todos sus sectores, y es uno de los rubros que mayor incidencia tiene en el sobre costo global que hoy afecta a la producción patagónica".

"Por esa razón, y planteando la necesidad de contar con instrumentos efectivos en una necesaria Promoción del Empleo y la Competividad Patagónica se solicita, para el trabajo registrado y regido por convenciones laborales, homologadas por el Ministerio de Trabajo de Nación, o por derechos adquiridos oportunamente por los trabajadores, compensar fiscalmente el sobrecosto laboral, que para el empleador representa la existencia de los diferenciales salariales que se deben abonar en la Región Patagónica", indica el documento.

Concretamente se propone que el importe resultante de ese mayor costo laboral, más las Contribuciones a la Seguridad Social que del mismo se derivan, el empleador lo pueda compensar y tomar a cuenta de: Impuesto a las Ganancias; Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; Impuesto al Valor Agregado; Contribuciones Patronales destinadas al subsistema previsional; Gravámenes y tasas específicas recaudadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que obligan al empleador ante distintos organismos del Estado Nacional.

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