En Santa Cruz la Justicia Federal ordenó suspender tarifazo de gas

Entiende que las tarifas excesivas del gas natural comprometen las condiciones de vida digna de los habitantes de toda la provincia, sobre todo en esta época del año cuando hay mayor consumo debido a las bajas temperaturas. Requirió informes al Gobierno nacional sobre antecedentes y fundamentos de la resolución que dispuso el desmedido aumento.

Caleta Olivia (agencia)
La juez federal de Caleta Olivia, Marta Isabel Yáñez, hizo lugar el recurso de amparo presentado por tres concejales de Río Gallegos y un senador nacional por esta provincia, resolviendo ordenar "la inmediata suspensión de los efectos de la Resolución 28/16 del Ministerio de Energía de la Nación" por la cual se estableció un desmesurado incremento en las tarifas de gas.
La medida cautelar comprende a todo el territorio santacruceño y hasta el momento es la primera que se dicta en todo el país desde un foro federal, luego de una escalada de presentaciones legales individuales e institucionales en numerosas localidades de la Patagonia.
Vale señalar que los ediles de la capital provincial Daniel Roquel, Evaristo Ruiz y Fabián Leguizamón y el senador Alfredo Martínez -todos referentes de la UCR- debieron acudir a Juzgado Federal de Caleta Olivia ya que el de Río Gallegos se encuentra acéfalo desde hace varios meses.
Este recurso de amparo había ingresado al juzgado local hace varias semanas y es prácticamente un hecho que la magistrada emitirá igual resolución a la presentación que por el mismo tema concretarán el comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, y el abogado Marcos Bucci, no sólo en representación de los vecinos de esa localidad sino de todas las comunidades santacruceñas.

LEGITIMIDAD
En los considerandos de la resolución, Yáñez señala que además del carácter de concejales y senador, los amparistas también "han invocado la calidad de usuarios y consumidores y, en consecuencia, de afectados por la norma atacada", lo que les confiere ser legitimados por esa última condición.
En consecuencia, la juez dispuso en principio declarar "la admisibilidad formal de la acción promovida, por cuanto encuentro reunidos los requisitos que la habilitan como remedio excepcional, justificado cuando los restantes procedimientos o recursos judiciales o administrativos, lucen prima facie insuficientes o menos aptos para salvaguardar los derechos que se denuncian como conculcados tal como sucede en los presentes autos, donde se hace mención a incrementos desproporcionados en la tarifa de gas y la necesidad de evitar los cortes en el suministro durante la época otoñal e invernal".

REQUERIMIENTO
Más adelante, la magistrada indica que debido a que la acción de amparo se promovió contra el Poder Ejecutivo Nacional, específicamente contra el Ministerio de Energía y Minería (a cargo del ex CEO de Shell Argentina, Juan José Aranguren) y contra el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) ella misma dispuso requerir "a estos últimos que, dentro del plazo de cinco días, ampliados a trece más -en razón de la distancia-, informen en forma circunstanciada acerca de los antecedentes y fundamentos de la Resolución 28/16 y demás normas anexas o complementarias".
Por otra parte puso de relieve que a su entender las tarifas excesivas del gas natural, comprometen de manera inminente e impostergable las condiciones de vida digna de los habitantes de toda la provincia de Santa Cruz, sobre todo en esta época del año cuando hay mayor consumo debido a las bajas temperaturas.
Por ello deja sentando que hasta tanto los organismos nacionales mencionados respondan al informe requerido "ordenaré una medida interina y la misma será en beneficio de la totalidad de los residentes domiciliarios de la provincia de Santa Cruz, no sólo por los efectos expansivos de las decisiones que recaen en este tipo de procesos, sino también por la necesidad de evitar la multiplicación y superposición de procesos colectivos con un mismo objeto y a fin de evitar que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos".
Por todo lo expuesto, la juez Marta Yáñez dispuso ordenar "la inmediata suspensión de los efectos de la Resolución 28/167 del Ministerio de Energía de la Nación".
Hasta el momento no se informó si el gobierno de Mauricio Macri acatará la medida o intentará rechazarla acudiendo ante una Cámara Federal de Apelaciones.

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