En un juicio histórico en España, piden no juzgar a la hermana del rey Felipe VI

La esperada cita de Cristina de Borbón ante los tribunales es un hecho excepcional que ha causado gran revuelo en España puesto que es la primera vez en democracia que un integrante de la Casa Real española se sienta en el banquillo de los acusados.

En el arranque del histórico juicio que salpica a la Corona española, la defensa de la infanta Cristina, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pidieron ayer que la hermana del rey Felipe VI no sea juzgada por los delitos de evasión fiscal que se le imputan en el marco del caso de corrupción que enfrenta junto a su esposo, Iñaki Urdangarin, y a otras 16 personas.
"Solicitamos la nulidad auto de apertura de juicio oral en lo relativo a Cristina de Borbón", afirmó uno de los abogados de la hermana del monarca, Jesús María Silva, esgrimiendo, como se esperaba, la "doctrina Botín".
Esta doctrina, que es la última carta que tiene a su favor la infanta para salvarse del proceso, dice que si el Fiscal y el Abogado del Estado, que es el perjudicado en este caso por el delito fiscal, no acusan, la acusación popular sola no puede sentar a alguien en el banquillo.
La infanta, de 50 años, está imputada por cooperar con su esposo en los dos delitos que cometió en 2007 y 2008 contra la Hacienda Pública (evasión fiscal).
El seudo sindicato Manos Limpias, que ejerce de acusación popular y es el único querellante en su contra, reclama para ella una pena de 8 años de prisión y una multa de 2 millones de euros.
"El bien jurídico protegido [del delito fiscal] es el patrimonio de la Hacienda Pública en su dimensión recaudatoria, más allá del interés general, por lo que tiene que acusar la Abogacía estatal como perjudicada directa", argumentó Silva en la primera jornada del juicio oral, en la que se abordaron las "cuestiones previas".
Alineándose con la defensa y amparándose en la misma jurisprudencia, el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, también solicitó el sobreseimiento de Cristina de Borbón.
"La única respuesta judicial posible para la infanta es el archivo de la causa", dijo Horrach, quien siempre se opuso a su procesamiento.
La abogada del Estado, Dolores Ripoll, se sumó al pedido de su colega y subrayó que para abrir juicio por un delito fiscal es obligatorio que acuse la Abogacía estatal o la Fiscalía.
"No existe acusación pública en materia tributaria", sostuvo, solicitando que no se legitime la acusación de Manos Limpias.

A FAVOR DEL JUICIO

Sin embargo, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, defendió que la "ley no estable ningún límite" a su actuación.
De acuerdo con la letrada, hay una diferencia entre la infanta y el caso del banquero Emilio Botín -citada como jurisprudencia del Tribunal Supremo- y es que este último sólo fue acusado y la causa fue sobreseída en su totalidad.
Aquí, en cambio, la Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran que los delitos fiscales sí se cometieron, puesto que acusan a Urdangarin.
López Negrete advirtió finalmente que sacar a la Infanta del banquillo "perjudica a la justicia española, es un gravísimo ataque a las instituciones del Estado, empezando por la Corona y a la propia Infanta, que quedará estigmatizada".
En el juicio por el llamado Caso Nóos están imputadas un total de 18 personas, presuntamente involucradas en el saqueo de más de 6 millones de euros de las arcas públicas a través de una trama urdida por Urdangarín y su ex socio Diego Torres, quienes utilizaron las conexiones políticas de la realeza para adjudicarse negocios con gobiernos que estaban en manos del conservador Partido Popular (PP), sin que mediara contrato alguno.
Urdangarín, considerado como el cerebro de la trama, afronta un pedido de 19 años y medio de prisión. El ex jugador de hándbol está acusado de delitos de prevaricato, fraude, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros.
La esperada cita de Cristina de Borbón ante los tribunales es un hecho excepcional que ha causado gran revuelo en España puesto que es la primera vez en democracia que un integrante de la Casa Real española se sienta en el banquillo de los acusados.

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