Ex agentes YPF: una abogada asegura que fueron estafados

En la tarde de ayer, una acalorada reunión se vivió en la sede vecinal del barrio General Mosconi, con la presencia de la abogada Alejandra Dibo, profesional de Córdoba y representante de ex agentes de YPF.

La letrada explicó las razones por las cuales asegura que los comodorenses han sido «estafados», acusando al estudio Leto y Asociados de haber inducido a la firma de los bonos, mecanismo por el cual se cancelaron derechos de futuros reclamos.
Una de las novedades planteadas por la abogada Dibo es el cobro de las acciones a través de la vía penal, no laboral.
«La estrategia del doctor (Rubén) Leto cuando encaró estos jucios fue hacerlo por vía laboral», explicó; «y la obligación hacia ustedes no es un contrato de trabajo, sino que la ley les da carácter de titulares de la empresa».
Dibo relató que, al ser un reclamo por vía laboral, «el derecho para reclamar prescribe a los 2 años, por eso perdieron contra Repsol y quedó únicamente litigado contra el Estado nacional».
Lo que propone la abogada es hacer juicio por causa penal, contra Repsol y contra el Estado nacional. En la causa laboral -que ejecutó Leto-, es sólo contra el Estado.
«Les canjearon plata por bonos, que tampoco se cumplieron, y con eso los hicieron renunciar a juicios y reclamos pasados o futuros contra Repsol», detalló la abogada.
«Ustedes tienen derecho a reclamar indemnización. Han pasado 17 años, la gente se ha muerto y ustedes siguen siendo un número», mencionó.
Dibo se ocupa del tema hace 10 años, y entre otras cosas, ha denunciado a Leto por «asociación ilícita». Con documentación en mano, la abogada demostró que muchos ex agentes figuran con documentos de identidad falsos en presentaciones hechas por dicho letrado. Además, Dibo denunció un tema grave, que cuestiona el proceso integral de privatización de la ex estatal YPF.
Los trabajadores conformaban el 10% del paquete accionario, accedido a través del Programa de Propiedad Participada.
Según la abogada, las operaciones se habrían realizado «sin la presentacion de mandatos de los agentes para que se actúe en nombre de los empleados».
La Comisión Nacional de Valores estipula que en esas condiciones no se pueden vender acciones. Por ello fue necesario un decreto, el 628, firmado por Carlos Menem, y que fueron resoluciones que no tuvieron publicación.
«Al no ser publicadas en el Boletin Oficial no tienen validez jurídica; sin ella, toda la normativa es nula e ilegal».
Dibo afirma que «ustedes fueron estafados, y la empresa compró bienes litigiosos, que forman parte del     requerimiento primigenio por el cual se promovió la acción penal contra la empresa YPF y Repsol».

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