Fondos buitre: las claves del proyecto que busca aprobar hoy el Gobierno

Uno de los puntos más controvertidos indican que para que el acuerdo tenga validez deben derogarse las leyes Cerrojo y de Pago Soberano que impedían realizar ofertas por encima de los montos abonados a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.

El proyecto de normalización de la deuda que discutirá hoy la Cámara de Diputados, en el marco de una sesión especial, tiene como puntos centrales la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y la autorización al gobierno para emitir deuda para cancelar el pago a los fondos buitre.
Uno de los puntos más controvertidos indican que para que el acuerdo tenga validez deben derogarse las leyes Cerrojo y de Pago Soberano que impedían realizar ofertas por encima de los montos abonados a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010.
Además, se autoriza a emitir títulos por plazos de 5, 10 y 15 años por los cuales se abonarán tasas promedios del 7 por ciento para obtener el efectivo necesario para cancelar en efectivo la deuda con los tenedores de títulos en situación de default.
Por otro lado, se establece que el monto del endeudamiento será de 12.000 millones de dólares (este punto se incorporará en el debate en particular). El excedente que quede del pago a los bonistas se incorporará al endeudamiento autorizado en el Presupuesto de 37.000 millones de dólares previsto para el corriente año.
La cancelación de deudas a los bonistas será en efectivo y se le reconocerá el monto de capital adeudado de sus títulos con más un cincuenta por ciento (50%) de dicho monto de capital.
En el caso de los tenedores que tengan sentencia firme con anterioridad a febrero de 2016 se reconocerá el 70 por ciento del reclamo legal como el caso del fondo NML.
El pago solo se hará efectivo cuando se hayan levantado todas las medidas cautelares contra la Argentina y haya sentencia definitiva.
Los tenedores que deseen participar de cualquier operación de cancelación deberán renunciar a todos los derechos que les correspondan en virtud de los referidos títulos y liberar a la Argentina de cualquier acción judicial. El pago de comisiones a los bancos que participarán de la operatoria no podrá superar el 0,20 por ciento.
El gobierno deberá informar trimestralmente el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación. Se faculta en virtud del artículo de la ley de administración financiera a efectuar las adecuaciones presupuestarias para cumplir esta ley.

MACRI DENUNCIADO

Una asociación civil denunció ayer al presidente de la Nación Mauricio Macri, a su Gabinete, y a senadores y diputados nacionales que puedan haber tenido "autoría o participación" en la negociación del pago de la deuda con los fondos buitre, en una investigación que quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello.
La denuncia fue presentada por los abogados Horacio Corti, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis en representación del instituto "Arturo Sampay" por los supuestos delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", informaron fuentes judiciales.
Casanello recibirá la denuncia y luego tendrá que decidir si convoca a los abogados a ratificarla y luego da vista a la fiscalía para que determine si corresponde o no impulsarla.
La presentación fue hecha en los tribunales federales de Comodoro Py, del barrio porteño de Retiro, y los abogados fueron acompañados por manifestantes que esperaron en el ingreso y aplaudieron cuando se concretó, entre ellos la ex ministra de Economía del gobierno kirchnerista Felisa Miceli.
La denuncia se hizo contra Macri, su Gabinete y los legisladores y la negociación con los fondos buitre fue calificada como "delictiva".
Los denunciantes pidieron a Casanello que dicte una medida cautelar para frenar el pago hasta que haya "sentencia definitiva" en la causa.
Un estudio adjuntado a la denuncia advirtió que si se concreta el pago en los términos acordados el país se endeudaría en 384 mil millones de dólares, considerando eventuales demandas de bonistas.

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