Formalizaron la apertura de investigación a una psicóloga coimputada de homicidio culposo

Con el dictado de la apertura de investigación en contra de la psicóloga Patricia Soto como coimputada, concluyó ayer una audiencia vinculada con una causa judicial en la que se investiga si la muerte de una adolescente a la que se le postergó una cirugía programada en el Hospital Regional se debe a una mala praxis. El 30 de setiembre de 2015 se había realizado la audiencia de apertura contra el coimputado, el médico José Luis Corominas.
Encabezada por la juez penal Raquel Tassello, se realizó ayer en los tribunales de Comodoro Rivadavia una audiencia de apertura de investigación en el marco de un juicio por presunto homicidio culposo. El Ministerio Público fiscal estuvo representado por el funcionario fiscal Cristian Olazábal; la querella particular en representación de los familiares de la víctima fue ejercida por la abogada Karina Jurado, en tanto que la defensa de Patricia Soto fue ejercida por el abogado Guillermo Iglesias. Asimismo, se encontraban presentes los padres de la fallecida, acompañados por una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.
De acuerdo al relato de la Fiscalía, Luisa Evelyn Barrera, de 15 años, fue internada el 10 de diciembre de 2013 en el Hospital Regional ya que debía ser intervenida quirúrgicamente al día siguiente para cambiar la válvula de derivación ventrículo-peritoneal que tenía colocada en su cabeza desde los cinco meses de vida, encontrándose hemodinámicamente estable.
Según el mismo relato, el neurólogo tratante, el médico José Luis Corominas, solicitó estudios, ordenó la compra de la válvula y programó la cirugía, pero finalmente la suspendió por decisión propia y atendiendo a las sugerencias de la licenciada en Psicología, Patricia Soto, a quien fue derivada la paciente por el nerviosismo exhibido.
Soto le diagnosticó histeria de conversión y sugirió suspender la cirugía para evaluar y contener. La adolescente permaneció internada durante cinco días esperando la cirugía hasta que finalmente se descompensó y falleció en la fecha mencionada, señaló el funcionario fiscal.

LA RESPONSABILIDAD
A Corominas, médico tratante especialista en neurología, se le atribuye la conducta negligente de suspender la cirugía neurológica programada y provocar un retraso en el tratamiento a la adolescente que culminó con su muerte, para atender lo sugerido y solicitado por la psicóloga Soto.
Respecto de Soto, el 10 de diciembre de 2013 y a solicitud de Corominas examinó a la paciente en el Hospital Regional de esta ciudad y atribuyó los síntomas de la joven, consistentes en vómitos, mareos, fuertes cefaleas y desmayos, a un cuadro de manifestaciones psicológicas compatibles con histeria de conversión, bajos recursos intelectuales y comportamiento histriónico de la madre, infiriendo entre otros aspectos que los mareos podrían deberse al "estado emocional de la paciente y que probablemente no sean a causa de la válvula", tal como les informó a los padres de la niña, indica la imputación.
A partir de esas erróneas interpretaciones de síntomas y antecedentes médicos, según la Fiscalía, Soto solicitó al médico neurólogo que pospusiera la cirugía unos días para continuar con tratamiento psicológico de tipo psicoeducativo para evaluar y contener, circunstancia que finalmente tuvo sus efectos ya que el neurólogo suspendió la cirugía. El resultado final fue el fallecimiento de la paciente.
De acuerdo al Ministerio Público, ambos profesionales tienen responsabilidad en la muerte de la adolescente -ocurrida el 16 de diciembre de ese año-, ya que cada uno de ellos desde su especialidad, interpretó, sugirió y llevó adelante conductas y decisiones negligentes y culpables que le ocasionaron el fallecimiento, aseguró Olazábal.
El funcionario fiscal calificó provisoriamente el caso como "homicidio culposo por mala praxis", en calidad de coautora para Soto, y requirió el plazo de tres meses para concluir con la investigación.
Mientras, la querella decidió no solicitar la formalización en contra de Soto y discrepar con el Ministerio Público ya que "no encuentra elementos para sostener una acusación independiente" por ahora. Luego la abogada querellante adhirió a la investigación del fiscal y mantuvo el cargo que ya se le imputó a Corominas.
En contraposición, el defensor de Soto solicitó que "se rechace la apertura de investigación en contra" de su representada ya que no están dadas las condiciones para habilitar la investigación en su contra.
"El relato del hecho es contradictorio. Si Corominas programó la cirugía y luego la suspendió, fue por decisión propia y no" atendiendo las sugerencias de Soto, planteó Iglesias.
Finalmente la juez penal resolvió formalizar la apertura de investigación en relación a Soto, dándola por anoticiada del hecho y de la calificación jurídica provisoria por la cual se la investiga; y por asegurada su defensa técnica, estableciendo por último el plazo de un mes para finalizar con la investigación.

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