Gobernadores piden que la Corte postergue su resolución sobre el Fondo del Conurbano

Frente a la presentación judicial que efectuó María Eugenia Vidal para que se elimine el tope de $650 millones que recibe la provincia de Buenos Aires de la recaudación del Impuesto a las Ganancias y perciba en forma directa el 10% de la distribución destinada a las provincias, ayer 18 gobernadores y tres vicegobernadores se reunieron en Capital Federal. Consensuaron un documento para oponerse a la reducción en la coparticipación que significaría para sus provincias si la Corte Suprema hace lugar al pedido de su par bonaerense.

Gobernadores de todo el país reaccionaron ayer frente a la demanda que su colega María Eugenia Vidal presentó ante la Corte Suprema de Justicia, por la restitución a Buenos Aires del Fondo del Conurbano, con un documento firmado por mandatarios del PJ, Cambiemos y partidos provinciales, en el que solicitaron al máximo tribunal que "no tome resolución" sobre el tema hasta que haya un debate en el Congreso.
El documento, de cuatro puntos, fue consensuado entre 18 gobernadores y tres vices que se reunieron ayer por la tarde en la casa de San Juan, ubicada en la calle Sarmiento al 1200 de la Ciudad de Buenos Aires.
En el texto -que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, resumió en una rueda de prensa al terminar la reunión de mandatarios- se acordó "solicitar respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia que no tome resolución alguna hasta tanto sean escuchadas todas las jurisdicciones y se dé el debate correspondiente entre la Nación y las provincias y el Congreso de la Nación".
En otro de los puntos del documento, los gobernadores pidieron que "siendo un tema que involucra la relación Nación-provincias, su tratamiento indefectiblemente debe darse a través del debate entre Nación, las provincias y el Congreso de la Nación".
Además, en el texto acordado por la totalidad de los mandatarios presentes en la Casa de San Juan se subrayó "que la pretensión de la provincia de Buenos Aires perjudica gravemente al resto de las provincias y municipios", en tanto que se ratificó "la permanente predisposición al diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas".
A diferencia de las reuniones anteriores, en las que participaron exclusivamente mandatarios peronistas, ésta vez la asistencia trascendió las diferencias partidarias.
Estuvieron presentes ayer los gobernadores de Cambiemos Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Colombi (Corrientes) y -aunque arribó a la Casa de San Juan cuando la reunión ya había finalizado y se había difundido el documento- Alfredo Cornejo (Mendoza).
También fueron de la partida, por primera vez en estas reuniones en territorio porteño en defensa de los fondos provinciales, los gobernadores Miguel Lifschitz (Santa Fe), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Claudia Ledesma (Santiago del Estero) enviaron en representación a sus vicegobernadores, Carlos Ponce, Pablo González y José Neder.
Los peronistas presentes fueron el anfitrión, Sergio Uñac (San Juan), Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Carlos Verna (La Pampa), Lucía Corpacci (Catamarca), Domingo Peppo (Chaco), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Casas (La Rioja).
En tanto, no hubo representantes de Chubut, cuyo gobernador, Mario Das Neves, cursa una licencia médica.
Schiaretti fue el vocero principal de los resultados de la reunión ante la prensa, secundado por Uñac, Casas, Colombi y Lifschitz.
Además de repasar los cuatro puntos del documento que firmaron los gobernadores presentes, el mandatario cordobés criticó que "no se tenga en cuenta que en subsidios (Capital y provincia de Buenos Aires) reciben 7.500 millones de pesos más que el resto de las provincias en 2016".
En su reunión ampliada con los distintos signos políticos presentes, los gobernadores compartieron un almuerzo que consistió en empanadas y asado y finalizó con los mandatarios cantándole el "Feliz Cumpleaños" a Urtubey, el primero en retirarse, apurado, con destino a su provincia.
Los gobernadores debatieron alrededor de una larga mesa, en la sala de reuniones de la Casa de San Juan. El primero en llegar fue Bordet, cerca de las 12.30. Desde ese momento, el arribo de mandatarios fue incesante y los últimos en llegar fueron Lifschitz y Cornejo.
"La demanda del gobierno provincial es al Estado Nacional y el demandado se muestra de acuerdo (con el reclamo)", criticó el sanjuanino Uñac. "El debate debe darse en el marco del diálogo", subrayó el santafecino Lifschitz.

MANTENER EL TOPE
El Fondo del Conurbano, creado en 1992 y financiado con el 10 por ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, tiene establecido desde 1996 un tope de 650 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, y el excedente se reparte entre las restantes provincias. Ese límite es lo que el gobierno bonaerense pretende eliminar.
En una demanda ante la Corte Suprema contra el Estado Nacional, en la que todas las demás provincias argentinas son "terceros citados", la provincia de Buenos Aires exige la declaración de inconstitucionalidad del tope de 650 millones de pesos, lo cual le devolvería a la provincia el 10 por ciento del impuesto a las ganancias para sus arcas.
La demanda bonaerense incluye, si el reclamo por el tope no prospera, que se declare inconstitucional la exclusión de la provincia del reparto del remanente del fondo y del 4 por ciento de Ganancias que se les asigna a las demás provincias como compensación, según pudo saber Télam desde la Fiscalía de Estado bonaerense.
En la previa de la reunión, mientras iban llegando a la Casa de San Juan, fueron varios los representantes provinciales que pusieron en números lo que sus provincias perderían en caso de que prospere la demanda de Vidal. Según informaron, San Luis resignaría $ 1.500 millones; Entre Ríos, 3.500 millones, y Santa Cruz, $ 1.000 millones.
El reclamo de Buenos Aires se inscribe en un contexto de conflictos por la coparticipación federal de impuestos en momentos en que se incumple el mandato de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que ordena una nueva ley para el reparto de la recaudación de tributos entre la Nación y los 24 distritos del país.

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