Hoy inspeccionan obras de gas en la alcaidía para que un grupo de presos vuelva a prisión

A una semana del otorgamiento de la prisión domiciliaria a ocho presos por la falta de gas en la alcaidía policial, hoy operarios de la empresa Camuzzi inspeccionarán las obras que se realizaron en el centro de detención y se determinará si se reestablece el suministro. Así se habilitarían los tres pabellones clausurados para albergar nuevamente a los detenidos que el juez Jorge Odorisio había autorizado ir a sus hogares hasta tanto se subsanen los problemas de calefacción.

A una semana de la decisión del juez de ejecución Jorge Odorisio de enviar a arresto domiciliario a ocho presos del pabellón 5 de la alcaidía policial por falta de gas en el recinto carcelario, hoy operarios de la empresa Camuzzi inspeccionarán las obras realizadas y determinarán si se restablece el suministro en los pabellones 5, 6 y 7.
Si las obras de refacción son aprobadas, el suministro de gas comenzaría a calefaccionar otra vez los pabellones y permitiría el retorno de seis de los ocho presos que fueron beneficiados con el arresto domiciliario, ya que dos de ellos, Marcos Barrales y Martín Tascón ya volvieron nuevamente a la cárcel por violar la sustitución de la medida de coerción.
El suministro de gas también daría la posibilidad de que nuevamente se cocine la comida para los detenidos en la alcaidía, ya que se venía preparando en el Centro de Instrucción Policial por la emergencia.
Si las obras se aprueban, los reos a los que se les otorgó arresto domiciliario -a partir de un habeas corpus presentado por la defensa pública por no tener gas para calefaccionarse-, deberían volver a prisión de inmediato, según lo dispuesto por el juez Odorisio en la decisión inicial.
Hay que recordar que desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que "se ve con gran preocupación la crítica situación carcelaria en Comodoro, resultante de años de negligencia por parte del poder administrador y que pese a la oposición de la Fiscalía derivó en que la judicatura decidiera solturas anticipadas de presos que no cumplieron mínimamente las pautas establecidas por la Ley de Ejecución Penal".
El ministerio acusador expuso que "este estado de situación no favorece a nadie. No es la respuesta que el Estado está obligado a dar a la sociedad, incumple con obligaciones asumidas por el propio Estado, interrumpe el plazo de las penas impuestas, sobrecarga de tareas formales a los operadores y al sistema penal en su conjunto, desviando a las agendas judiciales de su principal responsabilidad: la investigación y sanción de hechos delictivos".

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