Hoy se cumplen 13 años de la desaparición de Iván Torres

Iván Eladio Torres fue privado de su libertad entre el 2 y 3 de octubre de 2003 en la Seccional Primera de Policía y desde ese día se encuentra desaparecido. En julio último el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó al oficial Marcelo Chemín a 12 años de prisión y al comisario Fabián Tillería a 15 años como partícipes necesarios de desaparición forzada de persona. También absolvió a los otros doce policías procesados en la causa. En 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado nacional a resarcir económicamente a la familia Torres Millacura y lo instó a establecer "la verdad de los hechos", sancionar a todos los responsables de lo sucedido y continuar con la búsqueda efectiva de su paradero. Hoy su madre María Millacura dará un detalle de la situación actual del caso.

Hoy se cumplen 13 años de la desaparición forzada de Iván Torres y su madre María Millacura, que siempre ha reclamado al Estado argentino que se le entregue con vida a su hijo, dará un detalle de la situación actual de la causa. Será en la sede de la Asociación Civil Pro Derecho de los Niños, ubicada en Roselló 1450 del barrio Abel Amaya y uno de los principales oradores será Roberto Llaiquel, integrante de esa organización.
Iván Torres Millacura fue detenido de manera ilegal entre el 2 y 3 de octubre de 2003 en la Seccional Primera de Policía y no ha aparecido hasta el momento. A su madre le tomaron la denuncia recién 12 días después, pese a que fue reiteradamente a la comisaría y llamó por teléfono ni bien no encontraba a su hijo.
En julio último el Tribunal Oral Federal en lo Criminal, compuesto por los jueces Enrique Guanziroli, Pedro José de Diego y Nora Cabrera de Monella condenó al oficial Marcelo Miguel Alberto Chemin -a 12 años de prisión- y al comisario Fabián Alcides Tillería -a 15 años de prisión- como partícipes necesarios de desaparición forzada de persona en perjuicio de Iván Eladio Torres. Les decetó la inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar funciones públicas y tareas de seguridad privada.
El Tribunal desistió a la vez de acusar al Ministerio Público y luego del desfile de testigos, imputados e investigadores que tomaron intervención en la causa, y exposición pruebas, finalmente absolvió a los otros doce policías procesados: José Luis Bahamonde, Roberto Damián Soto, Santiago Antonio Rodríguez, Héctor Enrique Cocha, Rosana Elisabet Soler, Juan Sandro Montecino, Pablo Miguel Ruiz, Hernán Eliseo Leiva, Mario Alberto Gómez, Nicolás Alfredo Fajardo, Sergio Omar Thiers y Sebastián Florentino Sifuentes.
La desaparición forzada de Torres subsiste hasta la fecha, "ocultándose toda información sobre la ocurrencia y sus circunstancias", indica el fallo.

LA PRACTICA DE HOSTIGAMIENTO
El juez Guanziroli hizo referencia a que distintos testimonios pusieron de manifiesto que un sector de la policía no se dedicaba a prevenir delito sino a hostigar a jóvenes con comportamiento grupales algo desarreglados. "Mafioso es comportarse como dueños del centro de la ciudad, pretendiendo erradicar de este ámbito a estos jóvenes carenciados, que eran ciertos estereotipos urbanos, algunos sin domicilio en el radio, 'tirando la basura al cerro'", expuso.
Para el juez De Diego también esa práctica de la policía de "limpiar" el centro, "integraba una mecánica de hostigamiento tendiente a lograr que un 'indeseable' no vagara por el centro de la ciudad so pena de algún escarmiento físico, por supuesto ilegal y por ende criminoso". De Diego expuso que "ha quedado evidenciado que a Torres Millacura se lo privó de su libertad mientras deambulaba por la noche en el centro de la ciudad, que dicha 'detención' no contaba con un hecho antecedente que opusiera un estado de sospecha (...)" y "que indudablemente dicha privación de la libertad fue concretada por funcionarios públicos pertenecientes al escalafón operativo de la Policía de la Provincia del Chubut".
Mientras que Cabrera de Monella agregó a lo expuesto por sus compañeros: "en este hecho donde aún parece perdurar un manto de impunidad, es oportuno señalar, una vez más, que para combatir el delito en todas sus formas se necesitan fuerzas de seguridad capacitadas, operadores judiciales proactivos en la investigación y en el juzgamiento, y una sociedad atenta y comprometida en el respeto de los derechos fundamentales".

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