Imputan a un sospechoso por el robo a una panadería pero continuará libre

Brian Bonavitta ayer fue imputado de haber asaltado el 7 de febrero una panadería del barrio Abel Amaya. Según la denuncia, amenazó a una empleada con un arma de fuego y se alzó con la recaudación. Tras ser identificado fue sometido a proceso por robo agravado, pero no recibió ninguna medida judicial restrictiva y seguirá en libertad durante el desarrollo de la causa.

La audiencia de apertura y formalización de la investigación contra Brian Bonavitta se desarrolló ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. La misma estuvo presidida por la jueza subrogante Mariel Suárez.
En el comienzo el funcionario fiscal Cristian Olázabal hizo una breve mención del delito cometido esa tarde del 7 de febrero en el comercio del barrio Abel Amaya.
Relató que la víctima realizaba tareas de atención al público en la panadería cuando ingresó Bonavitta, quien extrajo un arma de fuego y exigió la recaudación.
La empleada entregó el dinero y luego intentó accionar el botón antirrobo del local, momento en que uno de los testigos gritó: “llamen a la policía”. Entonces, el joven escapó con rumbo desconocido. Sin embargo, los investigadores policiales lo pudieron identificar durante las pesquisas.
Olazábal calificó el ilícito como robo agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no puede ser acreditada, en calidad de autor para Bonavitta.
Además, el representante fiscal pidió el plazo de cuatro meses de investigación y argumentó que se trató de un robo grave, aunque el acusado llegó en libertad a la audiencia y se presentó en forma voluntaria. Requirió la prohibición de acercamiento al comercio y contacto con la víctima en un radio no inferior a 200 metros.
Mientras, el defensor público Ariel Quiroga no objetó el relato del delito ni la calificación legal provisoria elegida por el acusador público.
Tras escuchar a las partes, la magistrada resolvió dar por iniciada la apertura de investigación preparatoria del caso y anotició a Bonavitta por el delito que se lo investiga.
Estableció el plazo de cuatro meses para concluir con la investigación y no dictó ninguna medida de protección como la prohibición de acercamiento debido a que “han transcurrido seis meses desde el hecho y no se ha puesto en peligro la integridad física de la víctima”, argumentó Suárez.

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