Inspeccionaron domicilios de Milagro Sala ante una eventual prisión domiciliaria

El juez de Control 3 de Jujuy, Gastón Mercau, llevó a cabo la inspección de dos inmuebles de la dirigente encarcelada Milagro Sala para evaluar la viabilidad de la aplicación de la prisión domiciliaria, en caso que se sea concedida, de acuerdo a las medidas sugeridas en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Esto es dentro del contexto de la resolución de la CIDH que sostiene que hay que modificar las condiciones de detención en el establecimiento penitenciario. Estamos viendo la posibilidad de que se haga una detención domiciliaria eventualmente", señaló Mercau sobre la inspección concretada.

Aclaró que todavía "no hay ninguna decisión tomada" y que también se están evaluando otras medidas alternativas, entre ellas una "una fiscalización electrónica".

En tanto, el juez se refirió al plazo de 15 días establecido por la CIDH para que se les brinde una respuesta, el cual vence mañana, y dijo que solo tiene que ver con "informar las medidas que se están tomando", lo cual "está a cargo del Estado nacional".

En torno a la decisión que el magistrado debe tomar, marcó que lo hará "una vez que tenga reunidos todos los informes necesarios", pero advirtió que de todas maneras también se debe esperar a la decisión del otro juez que mantiene con preventiva a la dirigente, ya que puede expedirse de distinta manera.

"Estoy evaluando la situación dentro de lo que dijo la CIDH, pero dentro también de una prisión preventiva que estaba dictada en el marco de una causa" resumió sobre el análisis que debe hacer y que incluye ver si "podría haber posibilidad de fuga o entorpecimiento del proceso".

Respecto de lo inspeccionado, Mercau sostuvo que se observaron las condiciones para la seguridad en cuanto a la entrada y a la salida, y que las conclusiones serán dadas en el momento de dictarse la resolución, además de que también debe esperar a ver qué es lo que propone la defensa de Sala.

Sala está detenida desde enero del 2016, primero a raíz de un acampe que la agrupación Tupac Amaru realizaba frente a la sede de la Gobernación y, luego, bajo prisión preventiva, en causas que se tramitan en su contra por acusaciones de fraude, extorsión y asociación ilícita, a raíz del desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, investigación a cargo del juez Gastón Mercau.

La dirigente social está alojada en la Unidad 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocida como "Penal del Alto Comedero".

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