Irregularidades en la obra pública: piden indagatoria a Cristina

El pedido fue realizado por el fiscal federal Gerardo Pollicita. La medida también alcanza a Julio De Vido y a José López, entre otros. Además, solicitó la inhibición general de bienes de los investigados.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este martes la indagatoria de la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner y otros ex funcionarios de su gobierno por administración infiel en una causa en la que se investigan irregularidades en casi 50 obras de vialidad nacional. El dictamen habla de "una matriz general de corrupción" para apropiarse de fondos públicos del Estado.

El pedido de indagatoria que también fue firmado por el fiscal Ignacio Mahiquez, que colabora en varios casos de corrupción, fue realizado ante el juez federal Julián Ercolini, que además tiene a su cargo la causa Hotesur en la que se investigan las empresas de la ex familia presidencial.

En la causa en la que el fiscal pidió la indagatoria de Cristina y una treintena de personas se investigan 49 obras viales que habrían sido direccionadas hacia el empresario detenido Lázaro Báez. Martín Báez, hijo de Lázaro Báez también es uno de los imputados.

Fuentes judiciales confirmaron que en la lista de los pedidos de indagatoria están el ex ministro de Planificación y diputado nacional Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, detenido cuando intentaba ingresar bolsos con 9 millones de dólares a un convento de General Rodríguez.

En la causa fue imputado Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner, quien fue subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal de la Nación. Además, el fiscal solicitó la inhibición general de bienes de los investigados.

La investigación apunta a la "asignación direccionada de la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz". Para los fiscales hubo "una matriz general de actuación basada en el desapego de las buenas prácticas de la administración pública que exigen el manejo eficiente y transparente del erario público y el respeto a las normas que regulan las compras y contrataciones del Estado que presentaba como características de relevancia".

Citan como ejemplo, que de las primeras 30 empresas constructoras del país, las compañías de Baéz eran las únicas a las que la Dirección Nacional de Vialidad "no les debía absolutamente nada" por las obras en ejecución al 30 de noviembre de 2015.

Pero de las 49 obras que Vialidad Nacional le adjudicó, solo dos se terminaron en el plazo previsto en el contrato original. "En las restantes cuarenta y siete (47) se excedieron holgadamente los términos temporales previstos para la finalización y entrega de la obra, verificándose casos en los que por ejemplo una obra que debía realizarse en 3 años, en la actualidad, lleva más de 11 años y tan solo se construyó un 43% de la misma", advirtieron los fiscales.

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