Jaime y Vázquez permanecerán detenidos al menos hasta el martes

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su ex asesor Manuel Vázquez permanecerán detenidos al menos hasta el martes, cuando sus defensas fundamenten ante la Cámara Federal sus pedidos de excarcelación, en el marco de la causa que investiga irregularidades en la compra de material ferroviario a España y Portugal.

Para ese día la Sala I de la Cámara Federal porteña fijó audiencia para que las defensas de ambos detenidos profundicen los argumentos de las apelaciones que presentaron a la denegatoria de excarcelación dictada por el juez federal a cargo del expediente, Julián Ercolini.
De ese modo, tanto Jaime como Vázquez –los dos detenidos en este caso- deberán permanecer por lo menos hasta el martes en el penal de Ezeiza, dado que a partir de ese día, la Cámara quedará en condiciones de definir si ratifica la decisión de primera instancia.
Jaime y Vázquez quedaron detenidos el sábado último por orden del juez Ercolini, y el lunes ambos fueron trasladados a los Tribunales Federales de Comodoro Py a prestar declaración indagatoria.
En ese marco, Jaime –sobre quien ya pesa una condena unificada de seis años de prisión por otras causa, una de ellas la tragedia de Once- aseguró haber cumplido con "expresas directivas" del fallecido presidente Néstor Kirchner para las compras de material ferroviario para el ramal Belgrano Cargas.
"Cumplí directivas del Poder Ejecutivo Nacional, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner", resaltó en esa oportunidad el ex funcionario.
Allí no contestó preguntas pero hizo una extensa exposición sobre la operación.
Jaime aseguró que el acuerdo rubricado entonces por los presidente Kirchner y el español Rodríguez Zapatero se acordó el reemplazo del material rodante que funcionaba en el país, "de 50 y 60 años de antigüedad" por material rodante español con 20 años de uso.
Ello implicaría una modernización de vagones y locomotoras locales, y además el acuerdo preveía que el material debía ser reparado en Argentina "para reactivar los talleres ferroviarios" locales.
En esta causa, se le imputa malversación de fondos públicos por el presunto pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado a España y Portugal en el año 2005, por algo más de 100 millones de euros.

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