Judiciales paran el 29 y se movilizan a Rawson

El plan de lucha de los trabajadores judiciales inicia esta mañana con un paro parcial por dos horas y asamblea de trabajadores. Se califica de "insuficiente", el 10 por ciento de incremento salarial con retroactivo al mes de enero que anunció el Superior Tribunal de Justicia y además aseguran que no se abrió el diálogo para poner sobre la mesa una propuesta superadora.

Esta mañana, a partir de las once, los trabajadores del Poder Judicial se reúnen en asamblea en la Defensoría Pública ubicada en Sarmiento al 500. Además del rechazo a la propuesta de incremento del 10% retroactivo al mes de enero "recordamos que seguimos pidiendo la apertura de paritarias concretas como sucede con otros gremios, como así también la convocatoria del Ejecutivo que requerimos para que se discutan las deudas que se mantienen con el sector", indicó el dirigente de SITRAJUCH José Luís Ronconi en diálogo con El Patagónico.

Cabe señalar que el Superior Tribunal de Justicia dispuso, al igual que la Corte Suprema, el incremento del 10 por ciento que sería impuesto mediante una acordada, aunque no se brindaron más detalles respecto a un pago en cuotas, posibilidad descartada por los trabajadores. Tampoco se anunció si habría posibilidad de discutir una pauta salarial mayor para la segunda parte del año.

Por esta causa, Ronconi hizo hincapié en que se trata de una "propuesta inaceptable, dado que tenemos un 40 por ciento de deterioro de la capacidad de los salarios". Frente a este panorama se adelantó que el 29 de marzo se convocó a los delegados de toda la provincia a una movilización a la capital provincial, que tendrá presencia en la Legislatura, además de un paro total de actividades en las dependencias de toda la provincia.

PEDIDO AL EJECUTIVO

Al margen de la negociación que se mantiene con el STJ, desde STRAJUCH reclaman al Poder Ejecutivo que se retome la negociación por la deuda salarial de los años 2012 /2013 y se paguen los intereses de la deuda del 2014, año sobre el cual aún se adeuda una recomposición salarial, según un acuerdo firmado por el Ejecutivo y ratificado por el Decreto 1111/2015.

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