Juez británico vincula a Putin con el asesinato de un espía en Londres

En un documento que se dio a conocer de manera pública en Gran Bretaña, el juez Robert Owen, a cargo de la investigación sobre el asesinato, concluyó que posiblemente el presidente ruso firmó la orden de muerte de Alexander Litvinenko, un crítico del Kremlin que fue envenenado con la sustancia radiactiva polonio 210 en noviembre de 2006.

El presidente ruso, Vladimir Putin, "probablemente" aprobó un plan de la inteligencia rusa para asesinar al ex espía Alexander Litvinenko, quien murió en 2006 tres semanas después de tomar un té envenenado con una sustancia radiactiva en un hotel de Londres, dijo ayer un juez británico.
En un documento hecho público en Londres, el juez Robert Owen, a cargo de la investigación sobre el asesinato, concluyó que posiblemente el presidente ruso firmó la orden de muerte de Litvinenko, un crítico del Kremlin que fue envenenado con la sustancia radiactiva polonio 210 en noviembre de 2006.
La viuda del ex espía se mostró "muy satisfecha" con las conclusiones del magistrado, pero el gobierno ruso dijo que la investigación estuvo "politizada" y fue "extremadamente opaca" y el embajador ruso en Londres calificó de "inaceptable" los hallazgos de la investigación.
En su documento, de 300 folios, el juez señaló como autores materiales del asesinato a los ciudadanos rusos Andrei Lugovoi y Dmitri Kovtum, con los que Litvinenko se reunió la tarde que tomó el té envenenado y quienes actuaron probablemente a las órdenes del servicio secreto ruso FSB, según el magistrado.
Litvinenko, ex agente del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, sucesor del KGB), falleció el 23 de noviembre de 2006 en un hospital de Londres días después de enfermar por el efecto del polonio 210. Poco antes, desde su lecho de muerte en el hospital, el ex espía, de 43 años, acusó a Putin del crimen.
En respuesta a la explosiva conclusión del juez, el gobierno británico dispuso la congelación de los activos de Lugovoi y Kovtum y convocó a la Cancillería al embajador ruso en Londres, Alexander Yakovenko, para expresarle su "malestar" por la falta de cooperación de Rusia con el caso.
"Teniendo en cuenta todas las pruebas y análisis disponibles, he encontrado que la operación de la FSB para matar a Litvinenko fue probablemente aprobada por el señor (Nikolai) Patrushev (director del FSB) y también por el presidente Putin", señaló el magistrado, según informó la agencia de noticias EFE.
Marina Litvinenko, viuda del ex espía, se mostró "muy satisfecha" de que la Justicia británica haya implicado a Putin en la muerte de su marido y pidió al gobierno conservador del primer ministro David Cameron que imponga sanciones a los individuos nombrados en el informe, incluyendo al presidente ruso.
En Moscú, en tanto, la vocera de la Cancillería rusa, Maria Zajarova, dijo que el gobierno de Rusia necesitaba tiempo para estudiar el contenido del documento judicial antes de hacer una valoración definitiva, pero agregó que la investigación estuvo "politizada".
La diplomática, en un comentario difundido por la web de la Cancillería, lamentó que "una investigación puramente penal fuera politizada y oscureciera el ambiente general en las relaciones bilaterales" entre Rusia y el Reino Unido.
"La decisión de concluir la investigación forense para iniciar otra pública tenía una connotación claramente politizada. La razón está clara. El proceso no era transparente ni para la parte rusa ni para la opinión pública, teniendo en cuenta que la vista del sumario fue cerrada con el pretexto de ser secreto" de Estado, denunció.
En estas circunstancias, agregó, "no era de esperar que el informe final de una investigación parcial y extremadamente opaca, ajustada una conclusiones determinadas de antemano, resultara de repente objetiva e imparcial".
En Londres, al anunciar ante el Parlamento la convocatoria del embajador ruso y las sanciones contra los sospechosos del crimen, la ministra del Interior británica, Theresa May, dijo que el caso de Litvinenko supone una "evidente e inaceptable violación" del derecho internacional.
La ministra subrayó que el gobierno toma "muy en serio" el análisis del magistrado y dejó claro que estudiará cuidadosamente el contenido del informe para establecer posibles medidas adicionales contra Rusia.

RECHAZO

Luego de responder a la convocatoria de Londres, el embajador Yakovenko rechazó el informe de Owen y lo consideró "absolutamente inaceptable".
"El tiempo que llevó cerrar este caso nos hace creer que se trata de un encubrimiento de la incompetencia de los servicios especiales británicos", dijo el diplomático ruso a las puertas del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.
Litvinenko, que pidió asilo político al llegar a Londres en noviembre de 2000, obtuvo la nacionalidad británica y trabajó para los servicios secretos MI6.
El ex espía ruso se había reunido con Lugovoi y Kovtun en el hotel Milennium, en el barrio londinense de Mayfair, el día que tomó la fatídica taza de té.
Owen interrogó a testigos y escuchó los alegatos de las partes, entre ellos a la familia de Litvinenko, entre el 27 de enero y el 31 de junio de 2015.
El magistrado apuntó el trabajo de Litvinenko para los servicios secretos británicos, las críticas contra el FSB y contra Putin, además de sus vínculos con el magnate ruso Boris Berezovsky, como los posibles motivos para su asesinato.
Owmen también mencionó las rivalidades entre Litvinenko y Putin, que datan de los años en que el dirigente ruso estuvo en el FSB.
El ex espía hizo "repetidos ataques personales" contra Putin después de solicitar asilo en el Reino Unido en 2000, agregó.
En términos generales, según el juez, la administración de Putin, incluido el mismo presidente y el FSB, tenían motivos para tomar medidas contra Litvinenko, incluso matarlo, a fines de 2006.
Si bien hay evidencias "circunstanciales", otros casos sugieren que en los años previos a la muerte de Litvinenko, el Estado ruso pudo haber estado implicado en el asesinato de los críticos de Putin, añadió Owen en su documento, que fue hecho público ayer en el Tribunal Superior de Londres.
El magistrado se mostró "seguro" de que el asesinato fue perpetrado por Lugovoi y Kovtun, ambos solicitados por las autoridades británicas pero que Rusia se niega a extraditar.
El uso de polonio 210, subraya el juez, es un "fuerte indicio de participación estatal".
Según los términos de la investigación dictados por el gobierno, Owen no puede formular acusaciones civiles ni criminales, sino que debe limitarse a explicar las circunstancias de la muerte y la presunta responsabilidad sobre la misma.
La Policía Metropolitana de Londres (Met, más conocida como Scotland Yard) señaló ayer que aún están vigentes las órdenes de arresto contra Lugovoi y Kovtum y que el objetivo es conseguir la extradición de los dos para procesarlos en el Reino Unido.
"Este fue un asesinato calculado y a sangre fría, que causó enorme sufrimiento a Alexander y a su familia y que no consideró la seguridad del público en Londres", indicó la Met en un comunicado.

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