Juez de Recursos rechazó amparo y se reactiva intimación a desalojo

Consideró que tanto la usurpación de bienes, como el robo o el hurto son delitos, más allá que se los quiera tipificar como "cuestiones sociales". Las familias que las ocuparon aprovecharon un momento electoral del año pasado, tras lo cual hubo serios cruces de acusaciones.

Caleta Olivia (agencia)

El juez de Recursos de la Circunscripción Judicial N° 2, Miguel Angel Meyer, hizo lugar a la intimación de desalojo de casi 300 viviendas oficiales usurpadas en esta ciudad, al rechazar el recurso de amparo interpuesto semanas atrás por el defensor público Walter Martínez, a favor de los ocupantes ilegales.
De esta manera queda firme la medida cautelar del juez de instrucción Mario Albarrán, quien había resuelto enviar notificaciones a las familias que en octubre de 2015 ocuparon casas que se encontraban en construcción en los sectores denominados 187, 60 y 40 viviendas.
Martínez argumentó que por razones de derechos humanos, la Justicia no podía considerar las ocupaciones como delito e incluso fue más allá cuando requirió que a esas familias se les provea de los servicios esenciales, como gas, agua, electricidad y recolección de residuos.
Sin embargo, Meyer le dio la razón a Albarrrán que basó su resolución el artículo 222 bis del Código Penal que establece la restitución de bienes a personas física o jurídicas, en este caso tanto la Municipalidad como el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), que tenían bajo su responsabilidad las obras.
El juez de Recursos consideró que tanto la usurpación de bienes, como el robo o el hurto son delitos, más allá que se los quiera tipificar como "cuestiones sociales".
Valer recordar que la construcción de la mayoría de esas viviendas se hallaba paralizada desde hacía varios años y las familias que las ocuparon repentina e ilegalmente, aprovecharon un momento electoral, tras lo cual hubo serios cruces de acusaciones políticas.
A ello se sumó el hecho que otros grupos familiares inscriptos en diferentes planes habitacionales, iniciaron fuertes protestas e instancias legales para que se les reconozcan sus derechos, algo que aún se mantiene vigente.

LA UNIDAD REGIONAL
NO FUE NOTIFICADA
Ahora, con la resolución de Meyer, se reactivará el proceso de intimación a desalojar las viviendas en un plazo de quince días como se había estipulado en un primer momento, hasta que el amparo de Martínez frenó la medida cautelar.
De todos modos, hasta ayer la Unidad Regional Zona Norte de la Policía Provincial no había recibido ningún oficio del juzgado de Instrucción para distribuir las notificaciones.
Además, aun cuando ello ocurriera, el desalojo por la vía del diálogo no sería acatado por los ocupantes, según lo señalaron algunos de sus voceros, quienes preveían reunirse esta semana con el defensor oficial a fin de que el mismo apele la medida de Meyer ante el Superior Tribunal de Justicia.

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