Jueza de instrucción dispuso liberar al presidente de la Caja de Previsión

Tanto el presidente de la Caja de Previsión Social, Ariel Ivovich, como su hermano Patricio, recuperaron la libertad en las últimas horas de la tarde del miércoles por disposición de la jueza de instrucción Marcela Quintana, aunque debieron fijar un domicilio legal y quedaron sujetos a la causa por la que se les imputa el delito de agresión y amenazas a dos abogadas y a dos jubiladas.

Caleta Olivia (agencia)

La misma magistrada había ordenado detenerlos en la noche del martes luego de que fueran protagonistas del violento incidente con las mujeres que lo denunciaron cuando éstas llegaron a instalaciones industriales donde se encontraba el titular de la Caja de Previsión Social (CPS) con el fin de entregarle una notificación judicial.
Los Ivovich fueron trasladados hasta la comisaría de Chimen Aike en medio de un fuerte operativo policial debido a los exacerbados ánimos de cientos de manifestantes que, poco después del incidente, rodearon el predio de la empresa ubicada en el barrio Evita de la capital santacruceña.
No pudo establecerse si concurrieron al juzgado de la juez Quintana para prestar declaración indagatoria, ni tampoco había indicios de que el titular de la CPS tuviera previsto renunciar a su cargo.

NEGATIVA DE JUBILADOS

Por otra parte, los integrantes de la autodenominada agrupación "Jubilados Unidos" no habían acatado hasta avanzada la tarde de ayer otra orden de la misma magistrada: permitir el ingreso de empleados a la sede de organismo previsional que mantienen bloqueado desde hace varios días.
Vale recordar que esta medida de fuerza la instrumentaron para exigir el pago de la totalidad de los salarios en tiempo y forma, por lo cual Ivovich manifestó que ello impedía que al menos los percibieran aquellos que ganan hasta 35 mil pesos mensuales.
En medio de esa dicotomía, surgieron recursos de amparo por parte de un grupo que percibe entre 100 y 200 mil pesos, instancias legales que iban a ser notificadas al funcionario que se hallaba en un emprendimiento industrial de su familia y fue cuando se produjeron los confusos incidentes.

COMUNICADO OFICIAL

A todo esto, el gobierno de Santa Cruz emitió un comunicado de prensa por el cual "informa a toda la comunidad que, en cumplimiento de la manda judicial firmada por la titular del Juzgado de Instrucción Nº 1, Marcela Quintana, autoridades de la Caja de Previsión Social y del Ministerio de Desarrollo Social, se hicieron presentes (ayer) junto con el Superintendente de Seguridad de la Policía de Santa Cruz a efectos de ingresar al edificio, para continuar con la liquidación de las jubilaciones y pensiones, todo ello en el marco del diálogo".
No obstante, se añade, "los manifestantes que se encuentran en el lugar se negaron rotundamente a cumplir la orden emanada por la autoridad judicial, impidiendo el ingreso del personal para dar continuidad al pago correspondiente al mes de abril".
Finalmente, se indica que "esta situación planteada obstaculiza desde hace 15 días el ingreso a la institución para el desarrollo de las tareas administrativas y la atención de los afiliados a la Caja".

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