Juraron los directores del Ente de Control

A las 15 de ayer, en lo que fue la tercera sesión especial convocada en este período, los tres directores del Ente de Control de los Servicios Públicos Concesionados prestaron la jura de estilo, de acuerdo a lo que indica la Carta Orgánica Municipal cuando se trata de funcionarios municipales, electos o no.

Luis Antonio Ferrero, Fernando Andrés Barría y Luis Alberto Velásquez habían sido designados como directores en el primer Ente constituido en la ciudad durante la sesión ordinaria del 23 de marzo, y desempeñarán funciones por un período de dos años percibiendo la retribución equivalente a la de un concejal.
El primero de ellos había sido propuesto por el Ejecutivo municipal y como tal ejercerá la función de presidente del organismo, mientras que Barría se integró a propuestas del bloque mayoritario FpV y Velásquez lo hizo por Cambiemos como primera minoría, según lo dicta la ordenanza de creación del Ente.
Como directorio debutante, los tres funcionarios que juraron ayer debían dedicar sus primeros 90 días de funciones a dictar su reglamento interno, que deberá ser elevado luego al Concejo, mientras que en línea paralela profundizan el análisis de los contratos de concesión de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y sus contextos legales.

SIN QUERELLAS

En este marco, por ejemplo, cabe como responsabilidad del Ente ordenar a los prestadores de servicios públicos de la ciudad desistir de cualquier causa judicial iniciada contra la comuna, habida cuenta de que el plexo legal comodorense determina que para ser concesionario de un servicio u obra, no debe haber querellas entabladas.
El comentario viene a colación de que de acuerdo a información extraoficial a la que accedió El Patagónico, la prestadora del transporte público en la ciudad mantiene un juicio contra la Municipalidad que tramita actualmente ante la Corte Suprema de Justicia, una causa que continúa sustanciándose a pesar de que Patagonia Argentina es prestadora de la Municipalidad –según el último contrato– desde 2007, y que en diciembre de 2015 se le renovó anticipadamente la concesión por un lapso de cinco años a contar con posterioridad al vencimiento original, en 2017.
Hay que recordar además que la prórroga había sido otorgada bajo argumento de que la empresa necesitaba el nuevo plazo para amortizar la inversión efectuada en los monederos electrónicos, un requisito contractual cuyos plazos de instalación habían incumplido y que será reemplazado ahora por el equipamiento vinculado al SUBE, cuyo costo corre por cuenta del Ministerio de Transporte de la Nación.
A propósito del transporte urbano, vale señalar por último que es en función de que el Ejecutivo municipal anunció la próxima suba del boleto que el Ente de Control debutará con el análisis tarifario de un sistema controvertido en cuanto a la transparencia de los números, y que en esta oportunidad contará con la información volcada por la base de datos nacional asociada al SUBE.

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