La cantidad de presos en cárceles federales llegó al máximo histórico

La población en las cárceles federales llegó al récord histórico de 11.128 presos, según el último informe anual de 2016 de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que también alertó por las 36 muertes bajo custodia ocurridas el año pasado y la persistencia de prácticas de tortura por parte del personal del Servicio Penitenciario.
El documento difundido bajo el título "La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de Argentina", que se dio a conocer esta semana, arrojó que al 31 de diciembre de 2016 la población detenida en cárceles federales se había incrementado hasta 10.968 personas, lo que marcó un nuevo récord histórico.
Para febrero de este año esa cifra aumentó a 11.128 internos y desde la Procuración se alertó por la sobrepoblación en las cárceles federales, ya que hay un cupo declarado de 11.074 plazas.
El informe precisó que en el país la tasa de encarcelamiento subió a 168,54 cada 100.000 habitantes, incluso sin contar los presos en comisarías, lo que daría una cifra superior a 77.000 personas privadas de su libertad en Argentina, cuya amplia mayoría se concentra en cárceles del
Según informó la Procuración Penitenciaria, "la inmensa mayoría" de los detenidos son argentinos, mientras que los extranjeros representan solo el 6%.
El 62% de los presos en Argentina son menores de 35 años, principalmente de entre 25 y 35 años.
En tanto, el organismo denunció que "las torturas y los malos tratos constituyen un problema extendido y generalizado en las cárceles de nuestro país".
En 2016, se detectaron 606 casos y sólo el 39% de las víctimas prestaron su consentimiento para realizar la denuncia penal.
"Ante toda esta evidencia, la Procuración Penitenciaria considera necesario que los responsables políticos y autoridades del Servicio Penitenciario Federal incluyan en agenda el problema de la tortura en los lugares de detención y, en consecuencia, se diseñe un plan de erradicación de esta práctica", advirtió el informe firmado por el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Miguel Mugnolo.

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