La cumbre convocada por Das Neves le declaró la guerra al narcotráfico

La "1ª Cumbre Antinarco" que se realizó ayer en Puerto Madryn declaró su decisión "política, institucional y ejecutiva" de terminar con la droga y las "narcoempresas". En el documento firmado se señala que en algunos casos el tráfico cuenta con "la connivencia de algunos 'dirigentes políticos'". La ministro de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, anunció la descentralización de la Policía Federal y el envío de 23.000 efectivos de esa fuerza a las provincias, entre ellas a Chubut.

La cumbre y la decisión política del gobernador Mario Das Neves de luchar contra el narcotráfico recibió ayer, en Puerto Madryn, el apoyo de los representantes de los tres poderes de los estados nacional y provincial y también de la casi totalidad de los intendentes de la provincia que, a excepción del comodorense Carlos Linares, participaron del encuentro realizado en el hotel Rayentray.
Tras los discursos de apertura del gobernador, el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, la procuradora Gils Carbó y la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, todos los presentes suscribieron un documento que, bajo el título "Defendamos la vida y el cumplimiento de la Ley" consideró al día de ayer como "el primero de los últimos días en la existencia del flagelo del narcotráfico en nuestra provincia".
La convocatoria fue efectuada por Das Neves el mes pasado y la ciudad elegida para la cumbre no fue casualidad ya que, en Puerto Madryn, se descubrió en 2013 un cargamento de 110 kilogramos de cocaína disimuladas en cajas de langostino para exportación, en la planta de la firma Poseidón, por la que se inició una causa que tiene personas procesadas pero ninguna detenida.

PUNTO FINAL

En su discurso, el gobernador advirtió que "la Justicia está en deuda", aunque aclaró que no era su intención entrometerse en la actividad de otro poder del Estado. Pero además fue directo al mencionar que para luchar contra este flagelo "deben involucrarse todos los sectores de la sociedad".
Todos quienes firmaron el documento acordaron "adoptar la firme decisión política, institucional y ejecutiva, en el marco de un trabajo sinérgico e interrelacionado entre los tres poderes del Estado dentro de sus competencias, para poner punto final a esta actividad ilícita y juzgar y eventualmente esclarecer a todos sus responsables".
"Las fuerzas federales y provinciales se enmarcarán en un camino conjunto y de labor solidaria, en el abordaje y embate contra el narcotráfico y la narcocriminalidad", se expresa en otro párrafo, en el que se advierte además que ello debe ocurrir con precisas "instrucciones políticas de este gobierno, donde con el apoyo férreo del Poder Judicial y sin dejar un ápice de terreno, reconocemos la existencia de la problemática del narcotráfico".
En el pronunciamiento se habla de "implementar un agresivo abordaje político-judicial para enfrentar y desterrar la comercialización de estupefeactientes" y se definió que la lucha contra el narcotráfico "es un asunto prioritario en materia de seguridad pública", ya que esta actividad "ilícita es una de las tres más rentables del mundo y su efecto nocivo subyace sobre 32,7 millones de personas en el mundo".

"ANIQUILAR NARCOEMPRESAS"

La frontal pelea contra el narcotráfico que planteó el gobernador se tradujo en el acuerdo de "trabajar de manera conjunta la dirigencia política y el Poder Judicial, dando la cara y explicitando públicamente las acciones que abordaremos con el fin de erradicar este flagelo, sanear a quienes son adictos y no dejar ni un caso de narcotráfico impune".
La propuesta implica acciones que tenderán a "encarar un arduo camino de lucha en el que nos proponemos aniquilar con todo el peso de la ley a las narcoempresas, con la implicancia hacia sus directores y la connivencia de algunos ´dirigentes políticos´".
"Pretendemos una sociedad sana, donde los ruines y delincuentes no tengan lugar, sino más que en las celdas cumpliendo las penas que les corresponden por su responsabilidad, al enfermar y matar a nuestros jóvenes".

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