La diputada Marcilla impulsa que las escuelas de gestión social ingresen a la Ley de Educación

La diputada del PJ-FpV presentó un proyecto para modificar la ley provincial de educación e incorporar el concepto de "escuelas de gestión social" que hoy en la normativa general está contemplado dentro del capítulo de colegios privados.

La diputada provincial del Frente para la Victoria, Alejandra Marcilla, impulsa la incorporación, al sistema educativo provincial, del concepto de escuelas de gestión social y cooperativa, con lo que busca crear una dirección que contenga esos centros educativos.
Marcilla recordó que en la provincia existen varias escuelas de Gestión Social que funcionan bajo la dependencia y supervisión de la Dirección de Educación Privada del Ministerio de Educación que genera sendas dificultades en la gestión institucional. El problema es que, dichas escuelas, tienen como características centrales la gratuidad de los servicios que prestan y el haber sido creadas para atender a sectores de la población en situación de vulnerabilidad social.
Destacó que si bien muchas de estas unidades educativas orientan su trabajo a poblaciones en condiciones de pobreza, no constituye una característica excluyente, pues también pueden estar dirigidas a otros grupos socialmente vulnerables.
“Se las visualiza como espacios de inclusión social con un fuerte acento en los aspectos comunitarios y en su capacidad de generar innovaciones en las formas de gestión, para garantizar la permanencia de la población en el sistema educativo”, indicó.
Marcilla agradeció a sus pares por el acompañamiento en el proyecto de ley “porque el reconocimiento de la necesidad de crear mecanismos que garanticen la integración de las escuelas de gestión social en el sistema educativo de la provincia, es fundamental para que sectores más vulnerables estén contenidos dentro del Ministerio”.

LIBERTAD DE ENSEÑANZA
Entre las modificaciones a la ley que propone la legisladora, está el concepto de libertad de enseñanza, que las escuelas de Gestión Social y Cooperativas no podrán tener fines de lucro, y que las mismas estén sujetas a la autorización y reconocimiento previo por el Ministerio de Educación.
Marcilla también propone que los establecimientos de Gestión Social y Cooperativos autorizados sean subvencionados por el Estado de acuerdo a un régimen especial y que para ello deban reunir varias condiciones.

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