"La inseguridad no convierte a un justiciero en alguien no responsable penalmente"

En el ensayo el autor denuncia las asimetrías de un sistema penal no inclusivo que visibiliza el desfasaje entre una sociedad cada vez más diversa y una composición carcelaria de sesgo discriminatorio donde se reflejan las desigualdades sociales.

Sobre un escenario inflamado por los casos de justicia por mano propia que capturaron la primera plana en las últimas semanas, el sociólogo Roberto Gargarella analiza en su libro "Castigar al prójimo" las asimetrías de un sistema penal no inclusivo que visibiliza el desfasaje entre una sociedad cada vez más diversa y una composición carcelaria de sesgo discriminatorio donde se reflejan las desigualdades sociales.
Los valores que fija una sociedad son reveladores de sus déficits y aciertos, tanto como las faltas sobre las que recaerá con mayor rigor el poder punitivo del Estado. En este campo, Gargarella detecta inequidades que están en sintonía con lo que revela el resto de la trama social: "lo que ocurre en el derecho es un reflejo más tardío o más cercano de lo que pasa en las demás esferas", evalúa en entrevista con Télam este doctor en Leyes por la Universidad de Buenos Aires y la Chicago University, además de máster en Ciencia Política por Flacso.
- Télam: ¿De qué manera un investigador del derecho lee esta coyuntura atravesada por esta epidemia de "justicieros"?
- Roberto Gargarella: Lo que ponen en evidencia estos casos es la manera errónea en que los pensamos, tanto respecto a la actuación del Estado como a quien ha sufrido una agresión o quien la ha provocado.
Hace años que el Estado viene fracasando de modo muy violento en áreas importantísimas, como seguridad o cobertura social. En esa línea, las respuestas de los representantes del gobierno sobre los episodios policiales de los últimos tiempos no fueron atinadas porque en un momento donde era necesario aquietar las aguas y no sumarse a los discursos enfervorizados de los familiares de las víctimas, optaron por tomar partido. El Estado debe calmar las aguas y asumir su propia responsabilidad en la construcción de una situación de maltrato y malas respuestas.
- T: ¿Por qué cuestiona que el castigo esté planteado como una estrategia de primera instancia y no como último recurso?
- R.G: Aún frente a hechos descomunales de violencia, una sociedad puede procesar esos dramas de diversas maneras y no necesariamente pensando en un endurecimiento de las penas o incluso en la cárcel. La idea de que reproche es igual que castigo, a imposición de dolor, y que castigo es igual a cárcel forma parte de una locura. No podemos pensar que para reintegrar socialmente a alguien tenemos que excluirlo. Con esa metodología, estamos frente al riesgo de que quien cometió la falta se convierta en un reincidente serial. Por otro lado, es una irracionalidad pensar que más años de cárcel equivale a mayor justicia. La justicia tiene que ver con reestablecer vínculos y debe ser pensada de una manera distinta. Hoy en cambio nuestra respuesta como Estado tiene que ver con prevenir la falta a golpes de violencia o infundirle miedo al que delinque para que nunca más lo vuelva a cometer. Estos principios que guían nuestro sistema penal han salido mal y no han servido.

LA REPARACION
COMO PENA
- T: Una de las proposiciones del libro tiene que ver con la idea de una reparación de la pena a través de la razón y el convencimiento. En sociedades tan desiguales ¿Cómo podemos pensar que el infractor va a asumir que rompió un pacto social cuando tal vez su primera reacción sea decir que el Estado incumplió primero sus compromisos con él?
- R.G: El Estado tiene una responsabilidad muy especial respecto de cómo ejerce sus poderes coercitivos. Tiene el monopolio de la violencia y es el que controla tanto las armas como el dinero. El hecho de que el Estado ejerza violencia es una cuestión difícil de justificar. Y si agregamos un tercer elemento, la coerción aplicada en contextos de infinitas desigualdades, es todavía mucho más difícil. Como ocurre en toda América desde los Estados Unidos a la Argentina, las desigualdades económicas se convierten también en desigualdades políticas y de poder. Esto genera que el poder público esté en manos de una porción pequeña de la sociedad, que tiende a ver como conflictos los problemas que son propios de su grupo y a no ver como problemas cosas que el resto de la sociedad puede ver como tales.

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