La investigación tardó más de una semana en iniciarse

El día después del accidente que Manuel Quinteros (11) sufrió en el pozo 1001 del yacimiento de la empresa Petrolera Patagonia SRL, César, su padre, denunció lo ocurrido en la comisaría del barrio Laprida. Sin embargo, recién una semana después las actuaciones del caso fueron remitidas al Ministerio Público Fiscal para que se inicie la investigación formal.
Esta situación preocupó a Quinteros, quien se presentó como querellante en la causa, ya que a partir del inicio de la investigación, desde la Fiscalía se podrían haber solicitado diversas pericias para saber con mayor certeza quién es el responsable de lo que pasó en aquella jornada de martes.
Ahora sus abogados Gustavo Menna y Juan Andrés Gutiérrez Hauri solicitaron diversas medidas en la presentación de la querella que aún debe ser aceptada, ya que presumen que durante ese lapso hubo una alteración del lugar de los hechos por parte de la empresa, colocando un candado en el transformador donde ocurrió el accidente y también cartelería, algo que se tendría que haber realizado antes para evitar lo que le ocurrió a Manuel, argumentan.
De esa forma se solicitó que se realice una inspección del lugar con participación de peritos especializados para la reconstrucción del accidente. También se pidió que se efectúe un allanamiento de la base de Petrolera Patagonia SRL con miras a secuestrar toda la documentación vinculada a la operación del yacimiento, y se practiquen dos peritajes: uno técnico y otro médico.
Los pedidos de los abogados también se extenderán a organismos del Estado, entre ellos al Ministerio de Hidrocarburos al que le solicitarán que remita todos los antecedentes vinculados a la concesión y operación del yacimiento, informando si la empresa cumple con las normas que regulan la actividad en materia de seguridad, como así también si ha recibido sanciones o clausuras, y dando a conocer quiénes son los socios y cómo está integrado su órgano de administración.
La misma documentación se pedirá a Petrominera Chubut SE. Mientras que a la Secretaría de Trabajo se le requerirá que informe si la firma ha recibido sanciones de policía del trabajo o le han sido impuestas clausuras.
Los pedidos también alcanzarán al Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut, y a la Inspección General de Justicia de la provincia y de la Nación, además de diversos testigos quienes deberán brindar declaración testimonial.

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