La Justicia española suspendió la declaración secesionista de Cataluña

"No voy a aceptar que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos", había asegurado el conservador Rajoy luego de que la abogada del Estado español presentó ante el alto tribunal el recurso de impugnación de la resolución independentista.

El Tribunal Constitucional español ordenó ayer la suspensión de la declaración secesionista de Cataluña al admitir a trámite un recurso del gobierno del presidente Mariano Rajoy contra el plan de ruptura con España, y advirtió a los responsables de la iniciativa de las responsabilidades penales que podrían afrontar en caso de incumplir su decisión.
En una reacción inmediata a la resolución del alto tribunal, la vicepresidenta catalana, Neus Munté, aseguró en conferencia de prensa que la "voluntad política" de su gobierno es cumplir con la resolución aprobada el lunes por el Parlamento regional para iniciar un proceso de "desconexión" de España para la creación de un Estado independiente en forma de república.
"No voy a aceptar que unos señores liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos", había asegurado el conservador Rajoy luego de que la Abogada del Estado español presentó ante el alto tribunal el recurso de impugnación de la resolución independentista.
Horas después, el Tribunal Constitucional se reunió de urgencia para analizar el recurso el Ejecutivo español y resolvió por unanimidad admitirlo a trámite, decisión que conlleva la inmediata suspensión de la resolución por un plazo máximo de cinco meses.
Durante ese tiempo, los magistrados tendrán que decidir sobre la inconstitucionalidad de la declaración aprobada en el Parlamento catalán para dar inicio a un proceso de creación de un Estado independiente, que los propios secesionistas reconocen que rompe con el marco legal vigente.
En respuesta al pedido, el Constitucional advirtió a los responsables catalanes "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir", según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
"Todos ellos tienen que asumir su responsabilidad", exigió Rajoy en una conferencia de prensa desde La Moncloa, sede del Ejecutivo, al explicar la medida adoptada para frenar los planes secesionistas.
"Pretenden acabar con la democracia. No lo permitiré", advirtió el presidente del gobierno, quien destacó que la resolución independentista "supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado".
"Estamos hablando de la esencia de nuestra democracia, del respeto a la soberanía popular y de la unidad de la nación", enfatizó Rajoy.

INCERTIDUMBRE
Tras la suspensión se abre un nuevo escenario de incertidumbre respecto al futuro del inédito proceso de secesión catalán, que se presenta como una especie de "revolución democrática" al pretender cambiar un marco legal desde la legitimidad obtenida por los independentistas en las urnas en las elecciones del 27 de setiembre pasado.
Los impulsores de la secesión insisten en que no acatarán la decisión del TC, pero seguir adelante significaría hacer efectiva una desobediencia que los podría llevar a la inhabilitación, una situación que puede tener consecuencias impredecibles para el movimiento independentista.
Ayer, Rajoy insistió en que "si no se cumplen las resoluciones, si se sigue vulnerando la ley y la Constitución" su gobierno "actuará con firmeza y proporcionalidad".
"Me gustaría que esta sea la última decisión y que hubiera una rectificación", indicó el presidente del gobierno, quien en última instancia podría recurrir al artículo 155 de la Constitución, que contempla la suspensión del gobierno autónomo catalán.
En tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional advirtió que en el marco del proceso independentista se podrían cometer graves delitos como la sedición, penado con hasta 15 años de prisión, o rebelión, castigados con entre 25 y 30 años.

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