La masiva toma de viviendas generó ayer protestas simultáneas

La postura asumida por el defensor público, Walter Martínez, quien considera que las masivas tomas de viviendas de planes sociales que se registraron en Caleta Olivia no constituyen delito de usurpación sino un problema social, motorizó ayer dos movilizaciones simultáneas frente a edificios municipales por parte de familias que las ocuparon y de las que exigen el desalojo.

Caleta Olivia (agencia)

La noticia publicada ayer por El Patagónico dando cuenta de que el defensor había apelado la resolución del juez de instrucción, Mario Albarrán, frenando de esa manera las intimaciones de desalojo en un plazo perentorio de 15 días, generó el repudio de quienes vienen reclamando desde hace mucho acceder a una vivienda de manera legal y nunca optaron por las usurpaciones.
Los dos grupos, integrados mayoritariamente por mujeres, se concentraron a media mañana en la calle 25 de Mayo, precisamente en el sector que divide el edificio central de la comuna del Concejo Deliberante, y vale destacar que a pesar de estar distanciados por pocos metros, no hubo ningún tipo de agresión verbal.
Las reclamantes de viviendas, que están inscriptas en listados del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, cortaron la calle y enarbolaron pancartas, direccionando su protesta al concejal Rubén Martínez, quien no tiene parentesco con el titular de la Defensoría Pública N° 2, a pesar del apellido en común.
Atribuyeron al edil haber apoyado a las familias que usurparon viviendas y sugerido que buscaran el asesoramiento del abogado Walter Martínez.

PETITORIO AL INTENDENTE
Por su parte, las referentes de las tomas de viviendas portaban un petitorio dirigido al intendente Facundo Prades, a través del cual exigen que el municipio instrumente en los sectores ocupados (denominados 187, 60 y 40 viviendas); el servicio de recolección de residuos o que al menos coloque contenedores para evitar serios problemas de saneamiento ambiental.
Incluso a través de la misma nota intimaron al jefe comunal a brindar una pronta respuesta, bajo apercibimiento de iniciarle acciones legales.
En la misiva se expusieron argumentos que coinciden con la postura del defensor oficial, dado que se alude a "la vulnerabilidad de nuestros derechos humanos que son amparados por el ordenamiento constitucional e internacional".
Hasta avanzada la tarde no se tenía conocimiento de si este grupo había sido recibido por el intendente o algún miembro del gabinete, pero por otro lado se presume que en el curso de esta misma semana también llevarán petitorios similares a las oficinas locales de Servicios Públicos y Distrigas, exigiendo agua potable y gas natural.

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