La Secretaría de Seguridad nuevamente intentó desalojar a la familia Nieves

Ayer por la mañana la Secretaría de Seguridad del municipio intentó desalojar nuevamente a la familia Nieves, luego de que vecinos alertaran que acumulaban materiales en el predio que habitan en el Quirno Costa con el evidente fin de construir. En este marco, trascendió que la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chubut previamente había intimado a la comuna a cesar el desalojo y devolverles los materiales que habían sido incautados en el pasado reciente, lo que ayer fue rechazado por el asesor letrado municipal, Miguel Criado Arrieta.

A comienzos de esta semana, a través de las redes sociales, vecinos del barrio Quirno Costa comenzaron a denunciar que la familia Nieves --acusada de usurpar un terreno en ese sector y resistida por los diferentes conflictos armados que los tienen como protagonistas-- había recibido materiales del Estado para la construcción.
Por esta razón, ayer la Secretaría de Seguridad municipal que conduce el ex comisario Antonio Zúñiga nuevamente intentó desalojarlos y les incautó los materiales, pese a que la Justicia ordinaria no se expidió aún sobre esta ocupación.
Cerca de las 7:30 se inició el operativo para intentar desalojar a los Nieves. A esa hora personal de la Seccional Cuarta llegó al lugar solo para brindar seguridad en la diligencia municipal (tal como lo hace cada vez que se lo requiere), y casi una hora después comenzó el procedimiento, resistido por los integrantes de la conflictiva familia que cuenta con antecedentes violentos también en otros barrios de la ciudad, como el Isidro Quiroga. En su defensa, esta vez le destrozaron uno de los vidrios a una máquina municipal.

DERECHOS HUMANOS
En este marco el propio Antonio Nieves, jefe de la familia, denunció que había solicitado la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Gobierno de Chubut, organismo que casi un mes atrás se expidió sobre la problemática y solicitó a la comuna que cese el desalojo, devuelva los materiales que habían sido incautados anteriormente y realice un resarcimiento económico a la familia.
Es que la Secretaría local de Seguridad viene incurriendo en una irregularidad al querer tomar la ley por su cuenta, ya que para proceder al desalojo necesita de una orden judicial y hasta ahora ningún juez se expidió. Más allá de la razón que les pueda asistir a Zúñiga y sus muchachos, entonces, por ahora solo cuentan con la fuerza.
Tras el operativo, la presentación de la Subsecretaría de Derechos Humanos fue confirmada por el asesor letrado municipal, Miguel Criado Arrieta, quien la cuestionó y consideró que podría significar un "peligroso" precedente jurídico.
“Si tildamos la resistencia del Estado a la usurpación como una violación a los derechos humanos, estamos desencajados en la realidad jurídica en el país”, sostuvo el abogado.
"No voy a firmar un dictamen que le vaya a dar la tierra a alguien que usurpó porque genera un precedente que es inmodificable. La vía de los derechos humanos es sumamente respetable, pero meter una cuestión de usurpación en derechos humanos es complicado porque no podemos banalizar su importancia", agregó.
Criado Arrieta confirmó también que por este hecho hubo reuniones con autoridades de la Defensa Pública, organismo al que el municipio le entregó documentación de Camuzzi, ya que la familia estaría “enganchada al gas".
Por su parte Antonio Nieves aseguró que no se irán del barrio. “Nosotros no tenemos antecedentes, ni yo ni mi señora. Algunos tendrán, no te digo que no, pero no es para que todas las semanas pongan la familia Nieves”, cuestionó quien recientemente perdió un ojo por un balazo. En tanto, una vecina suya, la joven Anahí Tamara Copa, perdió la vida el último 8 de diciembre también por una bala perdida destinada a los hijos de Nieves.
“A mi casi me mataron acá, pero todos ponen a los Nieves. Nosotros vamos a permanecer acá. Yo ya hice la denuncia y se encargara Derechos Humanos", agregó, rechazando la custodia municipal que la Secretaría de Seguridad pidió para evitar que se construya en el predio usurpado.
Cabe recordar que el desalojo de la familia Nieves ha sido cuestionado incluso por las propias filas policiales, quienes entienden que los procedimientos "no se ajustan a derecho".
Así lo denunció el subcomisario Jorge Martín Guajardo, segundo jefe de Seccional Cuarta, quien en su momento fue acusado de no querer intervenir en el operativo. En su descargo sostuvo que "existen sobrados antecedentes y documentación que acredita que ese lugar se encuentra habitado".
Además, indico que se viola el artículo 87 el cual sostiene que "para las ocupaciones donde los usurpadores se encuentren viviendo, se deberá lograr de la Justicia la correspondiente orden de desalojo”, articulando los mecanismos respecto a la situación de vulnerabilidad de menores y mujeres, aspectos que tampoco se tuvieron en cuenta en este nuevo intento de desalojo.

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