La sentencia a Milagro Sala se dictará el próximo miércoles

Ayer Human Rights Watch, una de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los Derechos Humanos más importantes del mundo, redobló la presión internacional sobre el Gobierno nacional para lograr la liberación de la dirigente social.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF) dispuso que el próximo miércoles 28 de diciembre se dictará la sentencia en el juicio que se le sigue a la dirigente social Milagro Sala por la causa que le inició como presunta instigadora de amenazas en el año 2009 al entonces senador nacional y ahora gobernador Gerardo Morales, a raíz de un "escrache".
En una maratónica audiencia el TOF escuchó a los últimos tres testigos de un total de 25 citados a declarar en las cuatro jornadas de debate que tuvieron lugar en la capital jujeña; dicha etapa se extendió hasta las 18 del miércoles y luego de un cuarto intermedio los abogados querellantes, posteriormente los fiscales y finalmente los defensores realizaron su exposición de alegatos, los cuales culminaron a las 2 de la madrugada de este jueves.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal de Jujuy solicitaron la pena de tres años prisión para la dirigente social encarcelada por considerarla instigadora del escrache a Morales, en tanto que los abogados querellantes solicitaron la pena de 8 años para los tres acusados en esta causa.
Los representantes legales del actual gobernador, Gerardo Morales, Eduardo Vergara y Daniel Vivas, fueron los primeros en alegar solicitando la pena de 8 años de prisión para la dirigente social, Milagro Sala, al igual que para los cooperativistas Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra.
Por su parte la abogada defensora de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, luego de realizar un minucioso análisis de las pruebas, del tiempo transcurrido y los contratiempos del expediente, requirió al Tribunal que se declare "prescriptas las acciones penales de los delitos de amenazas y daños", y en consecuencia se dicte "su sobreseimiento".
Asimismo argumentó que la dirigente social se encuentra "vulnerada en su derecho de ser juzgada en un plazo razonable", teniendo en cuenta los años que se tardó para llevar adelante el debate público, al tiempo que solicitó de manera subsidiaria que se la "absuelva" en virtud de que las conductas imputadas a los autores materiales de los hechos resultan "atípicas".
"Esperamos que se haga justicia y no lo digo como una mera fórmula, sino con la esperanza de quienes sabemos que tenemos la fuerza de la verdad", finalizó.

MAS PRESION INTERNACIONAL
Por otro lado, ayer Human Rights Watch (HRW), una de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos más importantes del mundo, redobló ayer la presión internacional sobre el gobierno argentino para lograr la liberación de la dirigente social Milagro Sala, encarcelada en la provincia de Jujuy por la justicia provincial que responde al gobernador Gerardo Morales.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de Human Rights Watch, envió una carta personal dirigida al presidente Mauricio Macri "con el propósito de instarlo respetuosamente a adoptar medidas para asegurar la inmediata liberación de la prisión preventiva de Milagro Sala, a la luz de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU".
"También quisiera aprovechar esta oportunidad para instar una vez más a su gobierno a presentar una propuesta legislativa para modificar la definición de 'sedición' en el Código Penal, con el propósito de prevenir que este tipo de casos ocurran en el futuro", dice Vivanco, antes de hacer un exhaustivo repaso de las razones por las cuales Milagro Sala debe ser liberada y enfrentar un juicio justo por las imputaciones que pesan sobre ella.
Vivanco fue especialmente duro al recordarle a Macri una frase que pronunció hace pocas semanas: "los argumentos planteados por su gobierno en respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo sobre el caso de Sala no resultan convincentes. El 3 de diciembre de 2016, S.E. manifestó que 'a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se habían cometido por parte de Sala'. Este comentario resulta verdaderamente desafortunado".
En ese sentido, el director de HRW se vio obligado a explicarle al jefe de Estado que "en una sociedad democrática, los derechos -sobre todo aquellos fundamentales como el derecho a un juicio justo y a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial- son una garantía frente a la voluntad de las mayorías, y no pueden quedar sujetos a la opinión circunstancial de la población".
También valora la invitación a los organismos internacionales para que visiten la provincia de Jujuy, pero advierte que "estas visitas no sustituyen -ni pueden permitir postergar- las medidas que su gobierno debe adoptar para cumplir a la mayor brevedad con la decisión del Grupo de Trabajo de liberar a Sala".

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