La Subsecretaría de Derechos Humanos fundamentó su postura ante el posible desalojo de la conflictiva familia Nieves

"Las acciones ejecutadas se direccionaron específicamente a intentar garantizar la seguridad y derechos de los tres menores de 3, 4 y 6 años de edad, y la mujer embarazada que habitan en esa vivienda", señalaron desde el área dependiente del Ministerio de Gobierno de Chubut luego de los cuestionamientos hechos por personal de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad.

Un día después de que se conociera que la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chubut, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia, interviniera por el intento de desalojo que pretende ejecutar el municipio en el barrio Quirno Costa contra la polémica y peligrosa familia Nieves, desde el área provincial justificaron su intervención.
Desde el organismo señalaron que "las acciones ejecutadas se direccionaron específicamente a intentar garantizar la seguridad y derechos de los tres menores de 3, 4 y 6 años de edad, y la mujer embarazada" que habitan en esa vivienda.
Además, manifestaron que se tuvo en cuenta "la presunción de que no se habían cumplimentado todos los pasos legales", lo que finalmente motivó solicitar "que se retrotraigan las medidas llevadas a cabo en dirección a desalojar a esas personas".
Según explicaron desde la Subsecretaría que se encuentra en Rawson, en el área se tomó conocimiento del caso a partir de la recepción de un oficio por parte del Ministerio de la Defensa Pública de la provincia. De esta forma, luego de analizar la situación de la familia Nieves se decidió intimar a la comuna para que diera marcha atrás en su decisión.

DERECHOS PRIORITARIOS
"Por encima de las cuestiones materiales están los derechos de los niños y la mujer embarazada, que deben ser garantizados por el Estado, de manera conjunta desde el municipio y la Provincia", fundamentaron desde el área que dirige Virginia Correa.
"Más allá de que el terreno sea fiscal, se debe priorizar el hecho de que habiendo menores no se debería llevar adelante un procedimiento violento, sin antes garantizar las condiciones de subsistencia de ellos y de la mujer que cursa su embarazo", consideraron.
En su descargo desde el organismo también adelantaron que "la situación se abordará de manera conjunta y la idea es en las próximas horas aunar criterios con el municipio local para que, más allá de lo que haya que hacer por la situación jurídica del terreno fiscal, primero quede asegurada la garantía de los derechos de los involucrados".
Es que entienden que "el objetivo apunta única y exclusivamente a garantizar los derechos de los menores y la mujer embarazada, y que para que primariamente eso suceda se requiere que cesen las acciones tendientes al desalojo del grupo familiar".
Cabe recordar que el jueves una vez más la familia Nieves, que habita en un terreno usurpado del barrio Quirno Costa, intentó ser desalojada por personal de la Secretaría de Seguridad municipal que conduce el ex comisario Antonio Zúñiga.
Fue luego de que a principios de semana, a través de las redes sociales, vecinos del sector denunciaran que la familia había recibido materiales por parte del Estado para la construcción.
Fue en este marco que trascendió que la Subsecretaría de Derechos Humanos previamente había intimado a la comuna. Esto fue cuestionado por el municipio a través del asesor letrado municipal, Miguel Criado Arrieta, quien manifestó que “si tildamos la resistencia del Estado a la usurpación como una violación a los derechos humanos, estamos desencajados en la realidad jurídica en el país”.
Se debe recordar que periódicamente integrantes de la familia Nieves protagonizan violentos enfrentamientos que incluyen el uso de armas de fuego. De hecho, Antonio Nieves –el padre de familia- perdió un ojo hace poco a partir de una bala perdida, así como el 8 de diciembre del año pasado de la misma forma murió la joven Anahí Tamara Copa –una vecina- mientras amamantaba a su bebé.

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