La voz de las víctimas versus el sistema de justicia

En el año 2008 los remiseros y taxistas de Comodoro cortaron las calles céntricas frente al Concejo Deliberante como medida de protesta frente a los ataques sufridos por los trabajadores del sector en manos de los delincuentes.
Como consecuencia del reclamo el viceintendente (a cargo del Ejecutivo) tuvo una disputa verbal con los manifestantes, por lo que no los recibió. El secretario de Gobierno tampoco aceptó atenderlos, pues exigía que respetaran su investidura y pidieran audiencia con él.
El corte se extendió durante gran parte del día, levantándose la medida luego que los reclamantes elaboraran un petitorio.
Fueron atendidos en el Concejo Deliberante por el Jefe de la Unidad Regional; un subsecretario del área de Gobierno y algunos concejales de la ciudad.
Llegada la noche otro trabajador del volante sufrió un nuevo ataque con un arma blanca, hecho que determinó el corte de todos los accesos de la ciudad en una extendida protesta.
Fue un auténtico día de furia.
Al otro día se realizó una marcha para requerir un cambio de criterio de los jueces que partió desde la plaza de la Escuela 83 hasta el edificio de los tribunales penales de la calle Máximo Abásolo.
Una comisión de trabajadores del volante, con el acompañamiento de los sindicatos del sector y de la CGT, se reunió durante un tiempo con los funcionarios de Rawson, exigiendo cambios en materia de seguridad los que fueron efectivos, pero temporales.
Si alguien hubiera conservado en sus archivos una copia del documento elevado a las autoridades políticas de entonces, el mismo pareciera totalmente actual, elaborado en febrero de 2012 y no hace cuatro años atrás.

DIFERENCIAS
Pero existen algunas diferencias profundas entre la imagen de 2008 y la de 2012.
La primera es que la víctima ha perdido la vida, porque los ataques que reciben los ciudadanos de manos de los delincuentes son cada vez más violentos.
El tiempo ha pasado y las cosas han cambiado para mal.
La segunda diferencia es que por primera vez las víctimas cuentan con el acompañamiento del jefe político de la ciudad, que es quien traduce con inapelables argumentos de sentido común la demanda de las víctimas.
Este cambio entre las puertas cerradas de antaño y el acompañamiento decidido de hoy tiene como efecto permitir que sean las víctimas las que exigen y los funcionarios judiciales los que deban responder.
El funcionario judicial no está acostumbrado a confrontar a los destinatarios del servicio de justicia.
Los jueces y los fiscales disfrutan de la estabilidad absoluta en el empleo, ya que su labor no se encuentra ligada a las elecciones y no deben rendir cuentas a la comunidad con la periodicidad que lo hace los restantes funcionarios del Legislativo y Ejecutivo.
De hecho sus resoluciones son escritas o se producen en ámbitos reservados para profesionales del derecho.
Resulta sano entonces que de una buena vez sean los vecinos los que les toquen las puertas de sus despachos para exigir resultados.
Pero esta ventaja que surge del calor de la manifestación, del hartazgo de los vecinos frente a la impunidad de los reincidentes y del inédito acompañamiento político, que permite confrontar cara a cara a las víctimas con los funcionarios judiciales, puede diluirse si quienes tienen responsabilidades mayores proceden mal.

TAREAS PENDIENTES
Frente a los peores problemas hay una necesidad de actuar con reflexión, seriedad e inteligencia, para no repetir los errores del pasado.
Se ha hablado de la idea gubernamental de impulsar un juicio político contra los representantes del Ministerio Público Fiscal. Pero esta iniciativa no debe ser una simple reacción. Debe estar fundada en un apartamiento grave de los funcionarios de las normas procesales.
Demostrado está que no alcanza con una “mayoría especial automática” en la Legislatura para librarse de los funcionarios judiciales.
Los tres poderes del Estado tienen tareas pendientes para realizar, respuestas que la comunidad aún no ha recibido.
El Legislativo debe modificar el proceso penal vigente, ya que ha demostrado que con un alto costo de funcionamiento presenta fallas y fisuras. Y no ha podido solucionar el problema de la liberación automática de los delincuentes flagrantes.
El Poder Ejecutivo debe dar a conocer su plan de seguridad, como así también qué recursos se van a aplicar al mismo y quiénes serán los responsables de llevarlo adelante. Tiene pendiente la reformulación de su policía cada vez más alejada de la gente.
Por su parte, el Poder Judicial debe abandonar los juegos de abstracción y adoptar decisiones de sentido común que protejan a la comunidad del ejército de delincuentes que la asolan.

Fuente: Carlos Jurich

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